1. Todo ciudadano que aspire a representar a sus convecinos en un consistorio local debe procurarse su inclusión en las listas de un partido político.
   
   
2. Nadie podrá concurrir a las elecciones municipales, ni a ninguna otra, si no forma parte de uno de estos listados. Puede, no obstante, rodearse de un grupo de amigos, inventarse unas siglas locales, hacer promesas poselectorales para conseguir una mínima financiación y soñar con convertirse en el elemento necesario para articular una mayoría de gobierno, a cambio de pactar algunos puestos “de confianza” en la administración.
    
3. Los partidos políticos deciden, en consecuencia, qué ciudadanos son aptos para ejercer la función de alcalde o de concejal. Y podrán servirse para ello de criterios muy diferentes a los de la capacidad, vocación u honestidad de los candidatos. La lealtad a las siglas, así como la plasticidad para aceptar la disciplina de voto, supondrán el principal activo político del nominado.
   
   
4. Los partidos políticos, al alcanzar una cuota de poder, funcionan con mentalidad mercantil, no con vocación de servicio público. Pronto se transforman en unas pequeñas oligarquías locales cuya finalidad última no es la representación de los ciudadanos, sino el servicio a los intereses de los partidos a quienes deben sus actas que, a su vez, están al dictado de intereses más velados e, indefectiblemente, de naturaleza económica o financiera.
   
   
5. Los partidos no son democráticos, pero deben aparentarlo. Las decisiones últimas siempre pertenecen a la estructura de poder interno. Las primarias y las asambleas de afiliados son meras pantomimas para ocultar el carácter tiránico de sus procedimientos.
   
   
6. Cuando un concejal –o diputado- exprese ideas propias, afirme mínimamente su independencia y se sienta animado a abandonar las siglas que lo promovieron hasta la casa consistorial, podrán desatarse contra él todas las iras del infierno “democrático” y signarlo con el apelativo infamante de “tránsfuga”.  El escarnio público debe dejar establecido, sin género de dudas, que la política no es labor adecuada para gentes con criterio e iniciativa propios.
   
   
7. Los partidos políticos podrán rellenar sus listas cómo mejor consideren a sus intereses de grupo. No hay necesidad de que los candidatos tengan un conocimiento directo de la problemática de su municipio, ni cualificación mínima para cumplir con sus atribuciones. Los ayuntamientos constituyen, a lo sumo, la solución de capilaridad idónea para ramificar hasta el infinito las redes clientelares de los partidos.
   
   
8. Después de cuarenta años de pantomima democrática, los partidos ya cuentan con un ejército de profesionales de la política, sin otra experiencia ni currículum que las sórdidas cuchilladas repartidas en los pasillos y antesalas del poder. Amamantados a los pechos del partido, su horizonte vital no trasciende las miserias del partido y tal es el modelo que inoculan, después, al conjunto de la administración.
     
9. La agrupación local de un partido nunca podrá oponerse a los intereses que éste detenta en un nivel superior de poder, representación o toma de decisión. La iniciativa local debe quedar perfectamente subordinada a las directrices emanadas de las instancias superiores aun cuando su puesta en práctica conlleve un perjuicio directo a los ciudadanos.  
   
   
10. Cualquier crítica dirigida a los partidos políticos, su historia y sus dirigentes debe ser inmediatamente cercenada con acusaciones de antidemocracia, franquismo, golpismo o chavismo, según la ideología atribuida -con razón o sin ella- a los portavoces de la crítica.   

Por Mendelevio

Otra vez un informe Pisa ha sacado los colores al nivel educativo español. En vez de mortificarnos con el diagnóstico, vamos a intentar vislumbrar vías de solución. ¿Cómo conseguir formar alumnos capaces de enfrenarse a problemas y no loros repetidores de contenidos memorísticos?  Me permito aquí reproducir una de las vías de salir del pozo en el que estamos: <El director del informe Pisa, Andreas Schleicher, considera que el profesorado español necesita más autonomía en la docencia y trabajar más en colaboración con los compañeros como uno de los factores que ayuden a que el rendimiento académico del sistema educativo español deje de estar estancado

"Los profesores no son dueños de su profesión", al contrario de lo que pasa en países de la OCDE que sí han sido capaces de mejorar en la Evaluación Internacional de Estudiantes de la OCDE (Pisa). (…) explica que el modelo educativo español es "muy prescriptivo", pues el Ministerio de Educación es quien principalmente establece los contenidos, pero al profesorado "no se le permite progresar dentro de su profesión, ni contribuir al desarrollo del currículum o ayudar a sus compañeros">.^[1]

Por Mendelevio

Lo han vuelto a hacer. Han traicionado el interés general en beneficio de unos pocos. Están consumado la venta de casi la mitad de AENA. Nos hemos opuesto por varios motivos:

• Porque AENA es una empresa rentable: El grupo (incluidos los aeropuertos y navegación aérea) registró un beneficio neto de 715 millones de euros en 2013. El beneficio neto de enero a septiembre de 2014 creció un 8,7%, hasta 371 millones y, según fuentes del mercado, AENA cerró el ejercicio con un beneficio bruto de explotación (EBITDA) superior a los 1.800 millones de euros, lo que supone unos resultados récord para la empresa.
  
  
• Porque el TURISMO es un sector estratégico de la economía española, y no puede estar en manos de intereses de inversores particulares. Es preferible que los accionistas de AENA reciban menos dividendos y que sus acciones se devalúen, y ello permite que con unas tasas aeroportuarias más bajas vengan más turistas. Unos pocos ganaran menos, pero la economía nacional irá mejor.
  
  
• Porque la conexión con los archipiélagos españoles debe ser una prioridad nacional y no parte de un negocio. Los beneficios de los aeropuertos rentables de AENA no deben convertirse en dividendos de los accionistas, sino deben servir para financiar aeropuertos en las islas. Deben estar comunicadas aunque se pierda dinero.
  
  
• Porque ya estamos hartos que el Estado rescate empresas quebradas (Bancos, Cajas, Autopistas…) y venda empresas rentables (Campsa, Endesa, Telefónica…). Los españoles estamos asumiendo los pufos de este capitalismo de amiguetes, y vemos como se malvende un sector público creado a base de inyecciones monetarias salidas de nuestros impuestos.
  
  
• Porque el objetivo es sólo hacer caja para tapar el déficit público que los políticos han generado, y se descapitaliza al Estado Español. No se puede funcionar sólo vendiendo “las joyas de la abuela”. El famoso milagro económico de Aznar Rato, consistió en cuadrar las cuentas privatizando. El lumbreras de ZP intentó la felonía de vender Loterías del Estado. Ahora Montoro Rajoy Pastor venden una de las últimas joyas: los aeropuertos. ¿Qué dejan para la siente crisis? ¿La costa? ¿Los bosques públicos?....
  
  
• Porque los  grupos compradores tributarán en Luxemburgo u otro paraíso fiscal, con el perjuicio consiguiente al erario público. No sólo pierde el Estado los ingresos como propietario de una empresa rentable, sino que los grupos inversores ya se buscarán las vueltas para no tributar aquí.

Han descapitalizado al Estado Español. Han llevado una política de tierra quemada. Detrás de ellos han dejado un Estado raquítico en músculo, pero hipertrofiado en grasa. Ellos (políticos) son la grasa. Cada vez tenemos más gestores sin nada que gestionar, pero eso sí, con sueldos y coche oficial.

Por Mendelevio.

Visitar el monumento natural del Monasterio de Piedra cuesta unos 13€. El beneficio no se lo lleva el Estado. El Estado no es el propietario. Los liberales del siglo XIX vendieron el conjunto en 1840 dentro de las desamortizaciones. Sacaron dinero para sus gastos, beneficiaron a sus seguidores y hurtaron a todos los españoles la propiedad de este patrimonio a perpetuidad.

Los liberales del siglo XIX decían que vender los bienes nacionales era la mejor forma de mejorar la productividad de la agricultura. Gran falacia. Sólo se consiguió, por medio de la corrupción de las subastas, que la tierra se convirtiera en propiedades de especuladores, caciques y dueños absentistas, que obtenían rentas producidas por jornaleros muertos de hambre.