Para entender cómo los ayuntamientos controlados por los separatistas catalanes logran financiar la ayuda humanitaria en Canarias sin chocar con las competencias del Estado o del propio Gobierno autónomo isleño, hay que adentrarse en una ingeniosa arquitectura jurídica. El secreto radica en una doble estrategia: disociar quién recibe la ayuda de dónde se ejecuta, y delegar la gestión de los fondos en un actor intermedio como una ONG afín. Es un blindaje normativo que se sostiene en tres grandes pasos.
El primero de ellos, redefine el mapa de la ayuda. Aunque las leyes españolas marcan que las comunidades autónomas mandan sobre su propio territorio, el Proyecto 3607 no financia carreteras, hospitales ni servicios para los canarios. Su mirada se posa exclusivamente en el derecho internacional de asilo y en las supuestas víctimas de desplazamientos forzados. Al tratarse de una realidad global regulada por la Convención de Ginebra, los ayuntamientos separatistas catalanes argumentan que la ayuda humanitaria no entiende de fronteras internas, ya que ofrecer apoyo psicológico y legal a quienes llegan a las Islas no interfiere en el sistema de bienestar del Gobierno de Canarias.
El segundo pilar, busca su fuerza en la ley y la historia. Ya en 1994, el Tribunal Constitucional dictaminó que la cooperación al desarrollo y la solidaridad no son propiedad exclusiva de los ministerios o de los gobiernos autonómicos, sino que los municipios tienen pleno derecho a impulsarlas. La reciente Ley de Cooperación de 2023 refrenda este espíritu. Por lo tanto, el hecho de que esta ayuda se despliegue en las Islas Canarias, debido a su consideración como “frontera sur y puerta de Europa” no cambia las cosas. Técnicamente sigue siendo cooperación internacional en defensa de los derechos humanos.
Finalmente, la burocracia encuentra su propio escudo en el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Gracias a esto,un ayuntamiento catalán controlado por los separatistas no envía dinero directamente a una ONG en Canarias que promueve el negocio vinculado a la inmigración ilegal, sino que en su lugar realiza una aportación legal a la red municipalista de la que forma parte, un mecanismo perfectamente respaldado por la Ley de Bases del Régimen Local. Es el Fons Català, como entidad presuntamente independiente, quien firma el convenio final de colaboración con ONGs como la Asociación Atlas. Al romperse el lazo administrativo directo entre el consistorio de origen y el sujeto de destino, la sospecha de conflicto competencial se disipa y es una vía más de intromisión política del separatismo catalán en otros ámbitos de la política nacional, a través de la financiación con dinero público de las ONGs afines.
Falange Auténtica de las Islas Canarias
