Por Mendelevio.
Visitar el monumento natural del Monasterio de Piedra cuesta unos 13€. El beneficio no se lo lleva el Estado. El Estado no es el propietario. Los liberales del siglo XIX vendieron el conjunto en 1840 dentro de las desamortizaciones. Sacaron dinero para sus gastos, beneficiaron a sus seguidores y hurtaron a todos los españoles la propiedad de este patrimonio a perpetuidad.
Los liberales del siglo XIX decían que vender los bienes nacionales era la mejor forma de mejorar la productividad de la agricultura. Gran falacia. Sólo se consiguió, por medio de la corrupción de las subastas, que la tierra se convirtiera en propiedades de especuladores, caciques y dueños absentistas, que obtenían rentas producidas por jornaleros muertos de hambre.
Hoy se quiere volver a vender. Ya lo hicieron Felipe González y Aznar con las joyas de la corona del sector público (Iberia, Tabacalera, siderurgia, Telefónica, eléctricas…). Ahora lo quiere hacer Rajoy para hacer caja (Aena, Renfe, Adif…). También se quieren vender fincas (como la Almoraima en Cádiz) y terrenos (como los del Ejercito). En Burgos han intentado privatizar el subsuelo, garantizando el negocio las empresas acabando con las posibilidades de aparcamiento en la superficie. Tal como está el mercado se saldarán por cuatro perras. Esperemos no llegar a ver la venta del patrimonio artístico como en Portugal.
Todas estas ventas suponen un ingreso fugaz de las arcas públicas y una pérdida perpetua de la riqueza común. No sólo justifican está venta del patrimonio de nuestros nietos como una necesidad de la coyuntura actual, sino que nos dicen que es lo mejor para la economía. Ponen ejemplos, a veces como en Madrid con datos falseados, de lo ineficiente de la gestión pública. Nunca citan los grandes pufos de la gestión privada, desde Enron a Lehman Brothers. Por cierto auditados por empresas privadas.
Moralmente podemos arrendar la gestión de algunos bienes públicos, pero venderlos es una indecencia, porque estamos esquilmando a nuestros nietos. Las cesiones por periodos largos de tiempo deberían tener un gran consenso social. Estamos viendo como alcaldes elegidos por cuatro años privatizan la gestión del agua por 25 años ¿Es eso democracia?
Cuando se habla de privatizar servicios públicos, como educación y sanidad, me espanto. Hablan de gestión más eficaz por parte de los operadores privados, pero me pregunto ¿qué gestión? La económica o la prestación del servicio. El objetivo de toda empresa es maximizar el beneficio. ¿Eso es lo que queremos para nuestra salud o para la educación de nuestros hijos? Hay buscar fórmulas que, en estos dos servicios, eviten el despilfarro, no que maximicen el beneficio. Conseguir que los trabajadores públicos cumplan sus horarios o que no sisen material sanitario y alimentos de los hospitales públicos, no es lo mismo que hacer rentable un servicio de oncología. El Estado debe buscar que este servicio sea lo menos demando posible, por medio de políticas preventivas. Y que cuando sea necesario se utilice a su máximo potencial, no que se infrautilice para derivar pacientes a las clínicas privadas.
