Todo ciudadano que aspire a representar a sus convecinos en un consistorio local debe procurarse su inclusión en las listas de un partido político.
Nadie podrá concurrir a las elecciones municipales, ni a ninguna otra, si no forma parte de uno de estos listados. Puede, no obstante, rodearse de un grupo de amigos, inventarse unas siglas locales, hacer promesas poselectorales para conseguir una mínima financiación y soñar con convertirse en el elemento necesario para articular una mayoría de gobierno, a cambio de pactar algunos puestos “de confianza” en la administración.
Los partidos políticos deciden, en consecuencia, qué ciudadanos son aptos para ejercer la función de alcalde o de concejal. Y podrán servirse para ello de criterios muy diferentes a los de la capacidad, vocación u honestidad de los candidatos. La lealtad a las siglas, así como la plasticidad para aceptar la disciplina de voto, supondrán el principal activo político del nominado.
Los partidos políticos, al alcanzar una cuota de poder, funcionan con mentalidad mercantil, no con vocación de servicio público. Pronto se transforman en unas pequeñas oligarquías locales cuya finalidad última no es la representación de los ciudadanos, sino el servicio a los intereses de los partidos a quienes deben sus actas que, a su vez, están al dictado de intereses más velados e, indefectiblemente, de naturaleza económica o financiera.
Los partidos no son democráticos, pero deben aparentarlo. Las decisiones últimas siempre pertenecen a la estructura de poder interno. Las primarias y las asambleas de afiliados son meras pantomimas para ocultar el carácter tiránico de sus procedimientos.
Cuando un concejal –o diputado- exprese ideas propias, afirme mínimamente su independencia y se sienta animado a abandonar las siglas que lo promovieron hasta la casa consistorial, podrán desatarse contra él todas las iras del infierno “democrático” y signarlo con el apelativo infamante de “tránsfuga”. El escarnio público debe dejar establecido, sin género de dudas, que la política no es labor adecuada para gentes con criterio e iniciativa propios.
Los partidos políticos podrán rellenar sus listas cómo mejor consideren a sus intereses de grupo. No hay necesidad de que los candidatos tengan un conocimiento directo de la problemática de su municipio, ni cualificación mínima para cumplir con sus atribuciones. Los ayuntamientos constituyen, a lo sumo, la solución de capilaridad idónea para ramificar hasta el infinito las redes clientelares de los partidos.
Después de cuarenta años de pantomima democrática, los partidos ya cuentan con un ejército de profesionales de la política, sin otra experiencia ni currículum que las sórdidas cuchilladas repartidas en los pasillos y antesalas del poder. Amamantados a los pechos del partido, su horizonte vital no trasciende las miserias del partido y tal es el modelo que inoculan, después, al conjunto de la administración.
La agrupación local de un partido nunca podrá oponerse a los intereses que éste detenta en un nivel superior de poder, representación o toma de decisión. La iniciativa local debe quedar perfectamente subordinada a las directrices emanadas de las instancias superiores aun cuando su puesta en práctica conlleve un perjuicio directo a los ciudadanos.
Cualquier crítica dirigida a los partidos políticos, su historia y sus dirigentes debe ser inmediatamente cercenada con acusaciones de antidemocracia, franquismo, golpismo o chavismo, según la ideología atribuida -con razón o sin ella- a los portavoces de la crítica.
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