Por Mendelevio.
La Unión Europea, el Gobierno de España y diversos ayuntamientos persiguen, criminalizan, penalizan y estigmatizan a los dueños y usuarios de vehículos diésel. Son asaeteados con subidas de impuestos, restricciones de circulación… una autentica campaña de acoso. Mientras las grandes compañías como Volkswagen y Opel que mintieron y trucaron sus motores para vender coches fingiendo que no contaminan están saliendo casi indemnes del escándalo. Ninguna autoridad se atreve con ellas.
Percibimos un doble rasero, como se trata al ciudadano (simple consumidor y pagano de impuestos) y a las grandes corporaciones (grandes beneficiadas de subvenciones a su producción o a la venta). A las grandes corporaciones se les protegen sus inversiones, evitando cambios normativos que generen “inseguridad jurídica”, apenas se les hacen responsables de sus errores y estafas (como en el caso de los motores diésel trucados), y se les garantizan los clientes, acosando a los propietarios de vehículos para que tengan que deshacerse de ellos y comprar nuevos.
Al ciudadano (mero consumidor y pagano de impuestos), no se le garantiza la seguridad jurídica, hace una inversión, basando su decisión en la normativa y la fiscalidad vigente, y de la noche a la mañana se puede encontrar que el marco normativo e impositivo ha cambiado, ya no sólo no puede amortizar su inversión, sino que puede que tenga que deshacerse de ella. Eso sí, antes le han cobrado impuestos (matriculación, I.V.A…) y poco después se le acosa para que cambie de vehículo.
Los Estados no han protegido a sus ciudadanos vigilando el proceso de producción de vehículos diésel, se le han cobrado impuestos por comprarlos y ahora se les acosa para que cambien de vehículos. Se les presiona para que vuelvan a dar dinero a esas mismas automovilísticas que ya estafaron a la sociedad, que vuelvan a pagar el I.V.A. y los impuestos de matriculación que ayudan a mantener a una clase política que no vela por los intereses de los ciudadanos y sí por el de las grandes empresas.
Esta cruzada para cambiar de vehículos la encabezan con argumentos ecológicos y de empleo. Los coches viejos en teoría contaminan más (si los nuevos no falsean los análisis), pero deshacerse de los vehículos viejos y fabricar nuevos también contamina. Esta economía del comprar, usar, tirar a largo plazo no es sostenible… Si fabricar vehículos nuevos genera empleos (cada vez menos por la automatización de la producción), el mantener vehículos viejos también genera empleos (talleres de barrio, fábricas y tiendas de respuestas…), pero los beneficios van a pequeñas empresas familiares que no tienen capacidad de presión en los gobiernos y parlamentos, y los consumidores pagan menos impuestos para mantener a la superestructura política parásita.
Si realmente se persiguen fines medioambientales ¿por qué la fiscalidad de los combustibles no se destina a fomentar y subvencionar el transporte público o la repoblación forestal para generar sumideros de CO2? ¿Por qué no se sanciona en condiciones a los estafadores de los motores diésel y se dedican esas cantidades en retirar los vehículos viejos? Al final como de costumbre los perjudicados son los más desfavorecidos, que no pueden permitirse el lujo de cambiar su viejo coche por uno más ecoeficiente.
