El estatuto de autonomía de Cataluña, en su disposición adicional tercera, obliga a que el Estado invierta en la comunidad durante siete años una determinada cifra que se calcula con relación al Producto Interior Bruto, creando para ello una comisión bilateral. Rápidamente, otros estatutos siguieron el ejemplo de asegurar una determinada inversión estatal en sus comunidades, pero estableciendo en cada caso el criterio que les garantizara el máximo beneficio: en el proyecto para Andalucía que se va a someter el próximo mes a referéndum se calcula en relación con la población de la región, en Baleares se cuantifica directamente en 3.000 millones de euros en diez años, en la propuesta de Castilla-La Mancha se fijaría en relación con la superficie de territorio...

No le faltaba razón al vicepresidente Solbes cuando se quejaba de que, de seguir la tendencia, la confección de los presupuestos generales del Estado se acabará pareciendo a la resolución de un complicado sudoku.

Pero el problema, ahora, será cómo poner fin a este despropósito sin incurrir en el agravio comparativo. Parece que desde el gobierno central se quiere evitar que nuevos estatutos fijen cuál ha de ser la inversión estatal en sus respectivas comunidades autónomas, pero ¿con qué argumento se les dirá que no a las demás cuando a Cataluña y Andalucía ya se les ha dicho que sí?

Una banda de asesinos lleva cuatro décadas sembrando el terror en España, con casi un millar de muertos a sus espaldas y dejando un rastro de sufrimiento que afectará ya para siempre a muchas familias.

En paralelo a su actividad criminal, ETA generó un entramado en el que ha venido utilizando la legalidad vigente para adoptar la apariencia de asociaciones juveniles, culturales, vecinales, empresas, medios de comunicación e incluso partidos políticos para financiarse, para utilizarlos como altavoces y para abrir otros frentes de lucha en la sociedad.

Recientemente, con ocasión del último atentado que causó la muerte de dos personas, por descontado ninguno de esos pseudopartidos instrumentales –ni la supuestamente ilegalizada pero en la práctica consentida Batasuna, ni el parlamentario EHAK-PCTV- condenaron ese crimen.

Rápidamente el gobierno y sus aliados han decidido tomar cartas en el asunto y han acordado por unanimidad que hay que establecer un cordón sanitario y bloquear las propuestas que vengan de un determinado partido. ¿De Batasuna? ¿del PCTV?... No: del Partido Popular.

Todos los grupos del parlamento nacional están de acuerdo -y así lo han anunciado públicamente- en que cualquier propuesta que haga el PP en materia antiterrorista ni siquiera será debatida en las cámaras.

No tenemos la menor simpatía –lo expresamos y lo demostramos día a día- por el PP. Nos sentimos tremendamente lejanos de su ideología conservadora, derechista, neoliberal, y de la mayor parte de sus formulaciones políticas. Pero, si Falange Auténtica estuviera en el parlamento, no sería nunca cómplice de un comportamiento de ese tipo, de realizar un bloqueo antidemocrático para que ni siquiera puedan debatirse las legítimas propuestas de un grupo político.

Como viene siendo habitual, Falange Auténtica ha comunicado su adhesión a la manifestación convocada por el Foro Ermua para el 3 de febrero en Madrid.

Nuestra organización, desde su defensa del patriotismo social y democrático, asiste a todas las convocatorias que contra el terrorismo se realizan. Independientemente de quienes sean los convocantes, entendemos que en la lucha contra el terrorismo se debe tender hacia la unidad en torno a unos mínimos, que para nosotros son la necesidad de acabar con ETA mediante la justicia, de acuerdo con las leyes y sin concesiones políticas a los terroristas o sus portavoces políticos.