Los alarmantes sucesos del pasado fin de semana en Alcorcón (Madrid) nos resultan especialmente inquietantes por su significación con respecto al fracaso de la integración en nuestra sociedad.
No es lo más importante saber en este caso quién empezó la trifulca, ni si ésta tuvo su origen en una pelea de copas o en alguna actividad delictiva previa. Lo cierto es que, tras un desgraciado episodio de violencia, totalmente censurable, la consecuencia inmediata es la creación de bandos enfrentados, cuyas características son fáciles de asumir. Los bandos se diferencian por rasgos étnicos, por origen nacional y, en menor medida, por usos culturales, si es que pueden ser así llamados los atributos diferenciadores que asignan a los individuos un mayor o menor grado de pertenencia a una tribu urbana.
No vale ocultar la cabeza como el avestruz ante estos incidentes. Si se dan es porque el proceso de integración está fracasando y deben tomarse medidas de manera inmediata.
Es bien conocida nuestra posición ante la inmigración. También es conocido nuestro planteamiento sobre la integración: un proceso imprescindible, obligatorio, al que no se puede renunciar para poder organizar la nueva sociedad que estamos creando entre los que ya estábamos y los que están llegando.
Es la integración una cuestión bilateral. Idéntico esfuerzo deberá hacerse por parte de los miembros de la comunidad que reciben nuevos miembros, como por parte de los recién llegados que reclaman un lugar entre nosotros.
Si existen, lo cual parece que está fuera de duda, organizaciones juveniles que encuadran inmigrantes arraigados o no en nuestro país y que sitúan su campo de acción en los terrenos de la delincuencia callejera y, para colmo, actúan de manera racista al establecer como principal vinculo de unión ente sus miembros la pertenencia a determinados orígenes nacionales (ya sean estos tomados de manera positiva: "somos latinoamericanos o de forma negativa: "no somos españoles), sus actividades deben ser controladas, en primer lugar para desactivar su capacidad para formar guetos y automarginar a los inmigrantes y, en segundo lugar, para reprimir sin contemplaciones toda actividad delictiva que puedan desarrollar.
La existencia de bandas del tipo Latin Kings o Ñetas, perjudica de manera muy especial a la comunidad inmigrante, cuyos miembros, en la mayor parte de las ocasiones, sólo pretenden llevar una vida digna en nuestro país, porque en los suyos de origen esto resultaba imposible. Nada hace más daño al ciudadano iberoamericano que desea integrarse en nuestra sociedad que la existencia de grupos marginales de jóvenes sin disposición alguna para la integración y posiblemente propensos a diferentes tipos de delincuencia. La existencia de dichos grupos, además de provocar el reparo del resto de la sociedad -que, al percibir los rasgos diferenciales del inmigrante, los asocia a episodios de violencia o marginación-, además da alas a la formación de grupos de resistencia que precisan de este tipo de justificación para poder lanzar mensajes xenófobos y racistas que, de este modo, tienen muchas más posibilidades de ser escuchados por el resto de la sociedad.
La puesta en marcha de verdaderas instituciones de integración, que reciban, eduquen y pongan al corriente de las normas que deben cumplirse en nuestro Estado y, al tiempo, den facilidades para que todas esas cuestiones sean compatibles con el legítimo deseo de los inmigrantes de no dejar de ser lo que son, es decir miembros orgullosos de su propia nacionalidad, es ya una necesidad urgente. Igualmente es preciso que se adopten medidas de control para que estos episodios de violencia no se den y que, si merecen ser tratados de manera diferenciada por el origen específico de los integrantes de estas bandas, se adecuen los medios de represión para que eso se consiga. Debe cortarse de raíz un problema que, con el paso del tiempo, puede llegar a convertirse en muy serio. Tanto la seguridad ciudadana como la convivencia cívica se ven amenazados por estos incidentes, ante los que se ha de mostrar firmeza, no dejando impune a quien ejerza esta violencia de banda y tomando medidas drásticas, como la expulsión de quienes con su actitud estén poniendo en riesgo no sólo la convivencia cotidiana, sino, muy especialmente, la posible integración pacifica y deseable de sus propios compatriotas.
Y deben tomarse estas medidas de acuerdo con las asociaciones de los propios inmigrantes, cuyo interés no dudamos debe ser también el de conseguir para sus miembros un ambiente adecuado para integrarse en el común proyecto de vida que es España, en el que no sólo no sobran sino que pueden suponer un elemento enriquecedor que no merece ser destruido por la irracionalidad de bandas o delincuentes irresponsables e indeseables.
