ElPlural.com insertaba, en su edición del domingo 25 de febrero, una crónica sobre la manifestación del día anterior en el que incluía la falsedad de que FA había acudido a la misma. En concreto, el diario digital aseguraba que habían estado presentes "partidos y organizaciones de extrema derecha" y citó junto a éstos expresamente a Falange Auténtica.

Ante tal manipulación informativa, que faltaba objetivamente a la verdad, la Ejecutiva Nacional de nuestro partido, a través de su secretario general, remitió a esa publicación una rectificación en la que se aclaraba:

"1º. Falange Auténtica no es una organización de extrema derecha ni de derecha. Es un grupo político que defiende una visión actual de un falangismo, profundamente democrática y marcadamente social, con planteamientos políticos, actividades y actitudes absolutamente opuestas a lo que tales sectores representan.

2º. FA no acudió a la citada concentración, por entender que la convocatoria inicial tenía un contenido equívoco que no podíamos en esta ocasión secundar, al aludir al rechazo a una sentencia judicial. Creemos que la causa de la injusta situación de fondo denunciada por la AVT -el cumplimiento de sólo 18 años de cárcel por 25 asesinatos- nada tiene que ver con la reciente sentencia por amenazas, sino que se deriva del antiguo Código Penal. A nuestro juicio, produce sonrojo ver manifestándose, con ocasión de esta última resolución judicial, a los mismos políticos que no cuestionaron durante años dicha legislación y que en su etapa de gobierno otorgaron esos beneficios penitenciarios. Sin embargo, sí compartimos buena parte del desarrollo que finalmente tuvo el acto y nos sentimos enteramente partícipes del homenaje a las víctimas del sanguinario terrorista Iñaki de Juana Chaos y de todas las víctimas del terrorismo.

Si hace algunas semanas incluíamos un comentario en esta misma web, lamentando que el Foro Ermua no hubiera incluido el nombre de Falange Auténtica en la lista de entidades adheridas a la manifestación que convocó en Madrid contra el terrorismo, postura que no comprendíamos, hoy tenemos que constatar con satisfacción lo contrario.

El Blog de las Juventudes del Foro Ermua refleja con absoluta normalidad la presencia de FA en aquella movilización, destacando en su comentario la pluralidad que caracterizó a la masiva respuesta ciudadana al llamamiento del Foro Ermua:

"Se ha hablado mucho de si era una manifestación contra el gobierno, que si era una manifestación en la que todos los que participaron eran votantes del PP (...)...  Lo que no se ha dicho es que en la manifestación, al igual que había votantes del PP, había socialistas, comunistas… Al igual que estaban los de Falange Auténtica, que por cierto también estuvieron en la manifestación del día 13, estaban los de Unificación Comunista de España (UCE) y otras muchas organizaciones, grupos y partidos políticos".

Los beneficios aplicados por el Gobierno al terrorista José Ignacio de Juana Chaos culminan una cadena de despropósitos, que ha desembocado en esta claudicación del Estado de Derecho ante un sucio chantaje, una decisión que no nos cabe duda de que sentará un gravísimo precedente.

Es cierto, como dice Pérez Rubalcaba, que la actual condena no es por sus atroces asesinatos, sino por amenazas. Pero los ciudadanos deberíamos también recordar que De Juana cumplió una condena leve en comparación con los crímenes cometidos, precisamente porque los grandes partidos no cuestionaron durante años una legislación que así lo permitía. También se llegó a esa situación porque el Gobierno de turno, especialmente el del PP (partido que ahora se manifiesta hipócritamente para buscar réditos electorales) le aplicó beneficios penitenciarios que no eran automáticos (igual que benefició y excarceló a otros etarras en situaciones igual de injustas, ante el silencio generalizado). Y, finalmente, también se llegó a tal situación porque ambos gobiernos se cruzaron de brazos ante las evidencias de que De Juana seguía formando parte de banda armada y celebraba los asesinatos de ETA, sin poner a actuar a la policía y al Ministerio Fiscal.

A última hora, en vísperas de su excarcelación, y gracias a la reacción social impulsada por las víctimas, el gobierno del PSOE, por boca de su entonces Ministro de Justicia, López Aguilar, declaró que se iban a poner en marcha nuevas imputaciones fundadas, que impedirían esa salida de prisión. Pero el mismo gobierno que avaló la petición fiscal de 99 años y pidió prisión preventiva, es el que más tarde pidió 3 años y el que ahora le pondrá en libertad con una condena firme. ¿Qué ha pasado entre tanto? ¿Qué pactos se nos ocultan a los ciudadanos?

Por Bárbara

El lamentable y vil espectáculo que días pasados ha vivido y que pervive en España en torno a la situación de un etarra, autor y coautor de veinticinco asesinatos, ha conmocionado a una gran parte de la sociedad y ha vuelto a dejar traslucir el gran escarnio al que la están sometiendo los poderes del Estado, con otra parte de la sociedad a su vera.

El caso como el presente, el del etarra De Juana Chaos, no podemos ubicarlo sólo desde una perspectiva de objetiva, simple y llana consecuencia de la flagrante politización de la Justicia, inaplicación de la ley e inexistencia de separación de poderes, que se remonta a la promulgación por parte del PSOE de la LOPJ de 1985, hoy vigente -no derogada por los gobiernos del PP, que ignoraron inopinadamente su compromiso- y que subvirtió el artículo 159 de la Constitución en torno a la elección de los miembros de la judicatura, sino también a una y triste y vergonzosa desaparición de cuantos valores básicos, éticos y morales deben latir en una sociedad que se considere mínimamente digna, justa y, en consecuencia, viva.

Por un lado, el etarra ha cumplido, sabido es, 18 años de la condena que le fue impuesta con el Código Penal anterior al vigente, que se aplicó en virtud del carácter retroactivo de las normas penales más favorables, con el añadido de la siempre problemática y no debatida aplicación de los beneficios penitenciarios. Esos beneficios penitenciarios se han utilizado de forma automática con los miembros de la banda, con el fin de rebajar sus penas, sin tener en cuenta que dichos beneficios han de ser aplicados siguiendo el criterio intuiti persona, esto es, en razón del caso particular enjuiciado, atendiendo los criterios de la ley y con exigencia lógica de los requisitos mínimos y tasados que deben exigirse en quien ha delinquido. En el caso de la banda terrorista, se entendería que hay pronóstico de reinserción social -así lo dice la ley- cuando el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y medios de la actividad terrorista, haya colaborado activamente con las autoridades con el fin de impedir o paliar otros hechos delictivos, se produzca un repudio de las actividades terroristas, etc.

La función y finalidad de la pena es la prevención; y la del beneficio penitenciario, la resocialización. Pero es evidente que en el caso presente -en el caso de este terrorista y sus cómplices, y de los terroristas en general- ni se cumplen los fines ni las expectativas, porque sus fines son obviamente otros, no son los nuestros. La sociedad española es su fin y víctima final, pero los instrumentos y resortes que utilizan son los que le proporciona esa misma sociedad que ellos combaten, los de la legislación española, pero usurpados por ellos para beneficio propio, ante la ceguera -o no, quizás el interés, por qué no decirlo- de los poderes públicos.

Si el Derecho Penal se concibe y justifica como el sistema protector de bienes jurídicos, entendiendo los mismos como protección y amparo de la sociedad en su conjunto, particularizada en cada una de las individualidades que conforma cada ciudadano, el sistema quiebra cuando el peso de la ley no se aplica a casos tan increíblemente lacerantes como el de De Juana Chaos.