El Parlamento navarro, a instancias de la asociación Dignidad y Justicia, acaba de aprobar una resolución donde “reconoce y condena la limpieza nacional, los crímenes contra la humanidad y los actos de genocidio” cometidos por la banda terrorista ETA y por sus cómplices de la izquierda nacionalista radical. Este documento, que supone un hito histórico sin precedentes, reconoce igualmente la existencia de expulsiones forzosas de ciudadanos vascos y navarros, víctimas de una persecución política, y fija una fecha para conmemorar anualmente este hecho criminal.

En una decisión sin precedentes, el documento ordena al Departamento de Educación del Gobierno foral a que los materiales didácticos de la comunidad instruyan a los alumnos sobre el  “genocidio” perpetrado contra esa Comunidad. 

El Parlamento de Navarra, en un segundo documento, "condena de forma rotunda y expresa la violencia terrorista perpetrada por ETA y exige su disolución incondicional".

Sin perjuicio del reconocimiento del extraordinario valor simbólico de estas declaraciones, Falange Auténtica estima que su verdadera importancia radica en que los crímenes por genocidio no están sujetos a prescripción, principio jurídico que conlleva importantes consecuencias en un estado de derecho digno de tal nombre. 

Por tal motivo, y dado que los actos descritos por el Parlamento navarro son plenamente extrapolables al resto de España, Falange Auténtica exige a las Cortes Generales una declaración institucional para que las conclusiones y efectos de estos documentos trascendentales cobren vigencia –simbólica y material- en todo el territorio nacional. Los grandes partidos de ambas cámaras, PP y PSOE, tienen así la oportunidad de mostrar ante sus electores, en un año especialmente denso en convocatorias a las urnas, su verdadera posición ante la lacra que ha asolado a los españoles durante más de cinco décadas de terror, dolor e injusticia permanentes.

Falange Auténtica, por su parte, anuncia con suficiente antelación su activa participación en la próxima jornada del Día de la Memoria, fijada para el 11 de febrero de 2016.

Junta Política Nacional de Falange Auténtica

“Hemos evitado el rescate”. Con esta frase, el presidente del Gobierno de España pretende haber justificado sus políticas brutales de los tres últimos años y pedir el voto de confianza en unas elecciones que ya despuntan en el horizonte del próximo otoño.

En términos estrictos, el PP ha evitado el rescate. “Nosotros no recatamos ninguna verdad”. Podemos seguir financiándonos en “los mercados”, sin pedir el dinero al FMI; mantenemos nuestra soberanía política y nuestro Parlamento puede seguir legislando sin la censura previa de la troika (FMI + Comisión Europea + Banco Central Europeo); y nos hemos librado de la siniestra presencia de los “hombres de negro”, fiscales inflexibles de cada una de nuestras cuentas públicas.

Pero, ¿qué consecuencias reales ha tenido la “machada” del PP en la vida de los españoles? Esta es la cuestión.

Cuando se repasan las condiciones leoninas impuestas por la troika a Grecia para su rescate, se perciben similitudes en las que la oposición ha sido incapaz de reparar.  

Falange Auténtica se hace eco del demoledor documento de la Comisión Europea sobre España, publicado el pasado 26 de febrero: “Informe sobre España 2015, con un examen exhaustivo relativo a la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos” (http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_spain_es.pdf).

Sus datos resultan demoledores. Más de 12,5 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social en 2013; una de las mayores desigualdades en materia de ingresos en 2014; y una brecha de pobreza en dramática progresión desde 2007. Sin embargo, las cifras no pueden tomarnos por sorpresa, pues otros organismos públicos, como la OCDE, y privados, como Cáritas España, ya venían advirtiendo desde lejos de magnitudes en esta misma senda.

El aspecto verdaderamente relevante, y del que nadie parece haber querido hacerse eco, es la vinculación que han establecido las autoridades europeas entre nuestra deficiente política social y el modelo de estructura territorial de España. En los términos estrictos que la cortesía institucional no ha permitido utilizar, Bruselas quiere significar que el “estado de las autonomías” incide como un grave obstáculo para el despliegue de políticas eficaces con destino a la gente común.

La Unión Europea sigue cosechando las consecuencias de su inicial estrategia de secretismo en la negociación de los términos del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, conocido por sus siglas TTIP.

Este acuerdo pretende constituir la culminación de veinticinco años de trabajo, iniciados en 1990 con la denominada Agenda Trasatlántica, lo que da una idea aproximada de la complejidad de su contenido.

La intención de la UE ha sido siempre la de establecer una relación  preferencial con su principal socio comercial americano para conjurar la amenaza competitiva de los países  asiáticos emergentes. En especial, las que encarnan China e India en unas economías de escala donde “el pez grande siempre se come al chico”.

La justificación de fondo del acuerdo es loable: la UE y los EEUU comparten unos estándares en materia de derechos laborales, de los consumidores, medioambientales, sanitarios y fitosanitarios, etc.,  que no son tenidos en cuenta en el modelo de producción asiática. La relación preferencial pretende incentivar estos comportamientos éticos y estos criterios restrictivos en la actividad comercial bilateral.