Actualidad

Conoce la actualidad de Falange Auténtica

El Presidente de Telefónica, César Alierta, se ha erigido estas últimas semanas en portavoz de la oligarquía económica y financiera que manda en España para animar la continuidad del modelo bipartidista.

Se trata de un llamamiento a la pretendida gobernabilidad y estabilidad del país, amenazada por el ascenso de formaciones políticas que, por el momento, quedan fuera del alcance de los mecanismos de control de “los mercados”.

En realidad, es evidente que la sola preocupación de “los amos del cortijo” es conservar un estatus quo  que les ha reportado beneficios ingentes en las últimas décadas, en forma de sucesivas “mejoras de la competitividad y la productividad”.

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Falange Auténtica considera fracasadas las medidas para la estabilidad presupuestaria adoptadas por el Estado desde 2011. Medidas que, por lo demás, han venido recayendo exclusivamente sobre los ciudadanos, en sus economías domésticas y en la prestación de los servicios públicos que cabe espera de una inmoderada carga impositiva.

Este fracaso resulta evidente: la deuda pública de España se incrementó en el segundo trimestre de 2014 en 16.763 millones de euros, superando el billón de euros (1.012.606 millones) y alcanzando el 96,30% de nuestro PIB.

En opinión de Falange Auténtica, los afamados “sacrificios” impuestos por el gobierno de Rajoy no han tenido por objeto solventar estas cifras alarmantes, sino mantenerlas. Soportar, con cargo a los ciudadanos, el demencial entramado administrativo surgido al amparo del Estado de las Autonomías, fuente de dispendio económico, ineficacia funcional y práctica del más burdo nepotismo. Por más que la administración central tampoco se haya visto libre de estos episodios.

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Falange Auténtica manifiesta su estupor ante el cambio de criterio operado en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación con los sucesos acaecidos el pasado 9 de noviembre en esa Comunidad Autónoma.

Hasta la víspera, esta Fiscalía había afirmado  -de manera inequívoca- la existencia de elementos suficientes para imputar al Presidente de la Generalitat y a varios de sus Consejeros a partir de las denuncias interpuestas en vísperas de aquella infausta jornada. 

Hoy, la Fiscalía catalana se desdice de su criterio previo y discrepa abiertamente con el del Fiscal General del Estado.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce

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Eduardo López Pascual

En una prueba más de la insolidaridad del capitalismo como sistema de convivencia, el Tribunal de Justicia de la UE con sede en Luxemburgo, en una sentencia reciente, promovida por la Alemania de Merkel, ha restringido las ayudas a inmigrantes sin actividad profesional y económica -es decir, a los parados procedentes de países comunitarios-, la posibilidad de conceder ayudas sociales que, básicamente, se refieren a las prestaciones sanitarias. Para mí, supone un terrible golpe a los sectores de población más necesitados y pobres de la sociedad, cualquiera que sea el país donde estén, que -se supone-, no han emigrado por comodidad sino empujados por hambres de pan y de justicia. La inmensa parte de esos ciudadanos, de esas personas, son los marginados del sistema. Y aunque es cierto que suponen una carga aditiva a las económicas de la UE, nadie, ninguna nación o Estado, puede permanecer impasible ante el sufrimiento de quien no tiene trabajo, ni casa, ni medios para subsistir. Es en esas circunstancias cuando se tiene que demostrar, con hechos, la voluntad de ser solidarios y procurar -al menos- que no se mueran de hambre o de enfermedad.

Eduardo López Pascual

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Falange Auténtica condena la galopante corrupción política que afecta a España, impulsada por una Casta voraz y despilfarradora, que ha utilizado las herramientas del Estado para ocupar las instituciones y utilizarlas en provecho propio, olvidando que aquellas han de estar y actuar en beneficio del bien común.

Falange Auténtica cree que la causa de la corrupción no se debe únicamente a la presencia en los organismos del estado de individuos desaprensivos, a los que habría que expulsar del ejercicio de cualquier tarea pública, sino al marco legal que lo permite porque en España no está garantizado el principio de separación de poderes, esencial en cualquier estado de derecho, y nuestro ordenamiento jurídico deja abiertas demasiadas puertas a la arbitrariedad y el nepotismo.

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