El 17 de enero de 1996, ETA secuestraba al funcionario de prisiones José Ortega Lara. En esta ocasión parecía claro que el objetivo de la banda terrorista no era una compensación económica que aumentara sus arcas, sino que era otro bien distinto. Y así fue. La directiva de la banda independentista quería presionar al gobierno español para que comenzase inmediatamente un acercamiento o un traslado de los presos etarras a las cárceles del País Vasco.
El Gobierno presidido por José María Aznar, con el apoyo de las fuerzas políticas enclavadas por aquel entonces en el Pacto Antiterrorista –entre las que se encontraba el PSOE-, decidió no ceder al chantaje terrorista.
Las consecuencias de esa decisión de Estado fueron 532 días de cautiverio para Ortega Lara que, por fin, fue liberado por la Guardia Civil el 30 de junio de 1997. El funcionario de prisiones permaneció todo ese tiempo en un zulo de 7"5 m2, sin ventilación, con escasísima alimentación y con un orinal que, además de para realizar sus necesidades, servía de recipiente para que sus carceleros le sirviesen la ración de agua diaria.
Ni qué decir tiene que José Ortega Lara padeció unas secuelas físicas demoledoras que, tal vez, ahora haya podido superar, pero a ellas hay que unir los trastornos que esos más de diecisiete meses de privación de libertad, dejaron y dejarán de por vida en su mente.
Durante este periodo de tiempo el Gobierno no cambió de postura y, de no haber sido por la liberación, la decisión de la cúpula etarra era clara: dejarían morir a Ortega Lara por inanición.
Tan sólo diez días después del final de este secuestro, el 10 de julio de 1997, ETA secuestraba al concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco Garrido. El objetivo de la banda era el mismo, presionar de nuevo al gobierno para que los presos etarras fueran concentrados en cárceles del País Vasco. Pero, en esta ocasión, le daban otra vuelta de tuerca más: debería ocurrir dentro de las siguientes 48 horas desde el secuestro de Blanco; de lo contrario, sería ejecutado.
El Gobierno presidido por José María Aznar, con el apoyo de las fuerzas políticas enclavadas por aquel entonces en el Pacto Antiterrorista –entre las que se encontraba el PSOE-, decidió no ceder al chantaje terrorista.
El 12 de junio de 1997, alrededor de las 17:00, visto que el gobierno no modificaba su postura, los asesinos de ETA ataron las manos de Miguel Ángel a la espalda, le llevaron a un monte y le pegaron dos tiros en la cabeza.