Acceder a una vivienda es el mayor problema para la juventud española.

 

La mayor parte de las familias se ven obligadas a tener que dedicar al pago de la hipoteca o alquiler de una vivienda buena parte de los ingresos obtenidos por ambos cónyuges en su trabajo.

 

La especulación inmobiliaria se ha convertido en el único recurso de inversión para muchas familias españolas, pero es casi imposible especular con la propia vivienda.

La carga impositiva que todos los estamentos del Estado –Administraciones central, autonómica y local- hacen de la vivienda, de su construcción y venta constituye uno de los principales ingresos con que rellenan sus arcas en demasiadas ocasiones maltrechas. Por si fuera poco, los Ayuntamientos utilizan también el suelo –y las plusvalías que genera su recalificación- como importante fuente de financiación.

 

Es hora de decir basta.

 

Porque la vivienda es un derecho constitucional y no un negocio.

 

Porque la vivienda debe ser considerada una necesidad básica de los ciudadanos y ser tratada como tal.

 

Porque de la consecución de un tejido inmobiliario accesible y que cubra las necesidades populares a precios más razonables, se devengará también la liberación de cantidades ingentes de recursos económicos para hacer crecer el consumo en otros muchos sectores económicos del país.

 

Porque la vivienda es requisito imprescindible para que las personas sean libres y puedan desarrollar una vida digna.

Queremos:

 

1º. Que se redefinan las políticas fiscales en torno a la promoción y venta de viviendas, de modo que se puedan abaratar costes y ese abaratamiento sea trasladado al ciudadano, último consumidor de este bien.

 

2º. Que se eviten los procesos especulativos fijando precios para el suelo en función de la utilidad social que se les va a atribuir, no permitiendo que el suelo para la necesaria construcción de viviendas pueda alcanzar los disparatados precios de hoy en día. El suelo debe ser un bien de interés social y no una continuación de los derechos terratenientes de antaño ni una fuente de financiación pública.

 

3º. Que el mercado de alquiler de viviendas sea regulado de forma que se incentive e incluso que las administraciones locales puedan ejercer control sobre la desocupación interesada de multitud de viviendas (que no son ni primera vivienda ni segunda residencia de nadie, sino que son puro objeto de especulación). Debe para ello también ponerse fin a la indefensión legal en que se encuentran en demasiadas ocasiones los posibles arrendadores que no se atreven a sacar sus viviendas al mercado.

 

4º. Que el mercado de las hipotecas sea intervenido por el Estado, de modo que los créditos para primera vivienda sean especialmente favorecidos, haciendo el acceso a la misma algo posible para la juventud.

 

5º. Que se desarrolle un plan de vivienda pública a precio tasado y de protección oficial lo suficientemente amplio e intenso como para que sea posible influir de manera efectiva sobre el precio de la vivienda de venta libre a través de mecanismos normales de mercado.

 

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