Acceder a una vivienda es el mayor problema para la juventud española.
La mayor parte de las familias se ven obligadas a tener que dedicar al pago de la hipoteca o alquiler de una vivienda buena parte de los ingresos obtenidos por ambos cónyuges en su trabajo.
La especulación inmobiliaria se ha convertido en el único recurso de inversión para muchas familias españolas, pero es casi imposible especular con la propia vivienda.
La carga impositiva que todos los estamentos del Estado –Administraciones central, autonómica y local- hacen de la vivienda, de su construcción y venta constituye uno de los principales ingresos con que rellenan sus arcas en demasiadas ocasiones maltrechas. Por si fuera poco, los Ayuntamientos utilizan también el suelo –y las plusvalías que genera su recalificación- como importante fuente de financiación.
Es hora de decir basta.
Porque la vivienda es un derecho constitucional y no un negocio.
Porque la vivienda debe ser considerada una necesidad básica de los ciudadanos y ser tratada como tal.
Porque de la consecución de un tejido inmobiliario accesible y que cubra las necesidades populares a precios más razonables, se devengará también la liberación de cantidades ingentes de recursos económicos para hacer crecer el consumo en otros muchos sectores económicos del país.
Porque la vivienda es requisito imprescindible para que las personas sean libres y puedan desarrollar una vida digna.