El 17 de enero de 1996, ETA secuestraba al funcionario de prisiones José Ortega Lara. En esta ocasión parecía claro que el objetivo de la banda terrorista no era una compensación económica que aumentara sus arcas, sino que era otro bien distinto. Y así fue. La directiva de la banda independentista quería presionar al gobierno español para que comenzase inmediatamente un acercamiento o un traslado de los presos etarras a las cárceles del País Vasco.

El Gobierno presidido por José María Aznar, con el apoyo de las fuerzas políticas enclavadas por aquel entonces en el Pacto Antiterrorista –entre las que se encontraba el PSOE-, decidió no ceder al chantaje terrorista.

Las consecuencias de esa decisión de Estado fueron 532 días de cautiverio para Ortega Lara que, por fin, fue liberado por la Guardia Civil el 30 de junio de 1997. El funcionario de prisiones permaneció todo ese tiempo en un zulo de 7"5 m2, sin ventilación, con escasísima alimentación y con un orinal que, además de para realizar sus necesidades, servía de recipiente para que sus carceleros le sirviesen la ración de agua diaria.

Ni qué decir tiene que José Ortega Lara padeció unas secuelas físicas demoledoras que, tal vez, ahora haya podido superar, pero a ellas hay que unir los trastornos que esos más de diecisiete meses de privación de libertad, dejaron y dejarán de por vida en su mente.

Durante este periodo de tiempo el Gobierno no cambió de postura y, de no haber sido por la liberación, la decisión de la cúpula etarra era clara: dejarían morir a Ortega Lara por inanición.

Tan sólo diez días después del final de este secuestro, el 10 de julio de 1997, ETA secuestraba al concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco Garrido. El objetivo de la banda era el mismo, presionar de nuevo al gobierno para que los presos etarras fueran concentrados en cárceles del País Vasco. Pero, en esta ocasión, le daban otra vuelta de tuerca más: debería ocurrir dentro de las siguientes 48 horas desde el secuestro de Blanco; de lo contrario, sería ejecutado.

El Gobierno presidido por José María Aznar, con el apoyo de las fuerzas políticas enclavadas por aquel entonces en el Pacto Antiterrorista –entre las que se encontraba el PSOE-, decidió no ceder al chantaje terrorista.

El 12 de junio de 1997, alrededor de las 17:00, visto que el gobierno no modificaba su postura, los asesinos de ETA ataron las manos de Miguel Ángel a la espalda, le llevaron a un monte y le pegaron dos tiros en la cabeza.

No hay acuerdo en la historiografía contemporánea española acerca de cuál debe tomarse como fecha de inicio de la pasada Guerra Civil. Parece que la postura mayoritaria, continuadora de la seguida por el Régimen del General Franco que la exaltaba profusamente, es la de considerar así al 18 de Julio de 1936 aunque últimamente ganan terreno quienes consideran también a Octubre de 1934, mes en el que se desarrolló el frustrado golpe de estado izquierdista contra el gobierno legítimo republicano de centro-derecha, como detonante o precedente del conflicto generalizado entre españoles.

Acceder a una vivienda es el mayor problema para la juventud española.

La mayor parte de las familias se ven obligadas a tener que dedicar al pago de la hipoteca o alquiler de una vivienda buena parte de los ingresos obtenidos por ambos cónyuges en su trabajo.

La especulación inmobiliaria se ha convertido en el único recurso de inversión para muchas familias españolas, pero es casi imposible especular con la propia vivienda.

La carga impositiva que todos los estamentos del Estado –Administraciones central, autonómica y local- hacen de la vivienda, de su construcción y venta constituye uno de los principales ingresos con que rellenan sus arcas en demasiadas ocasiones maltrechas. Por si fuera poco, los Ayuntamientos utilizan también el suelo –y las plusvalías que genera su recalificación- como importante fuente de financiación.

Es hora de decir basta.

Porque la vivienda es un derecho constitucional y no un negocio.

Porque la vivienda debe ser considerada una necesidad básica de los ciudadanos y ser tratada como tal.

Porque de la consecución de un tejido inmobiliario accesible y que cubra las necesidades populares a precios más razonables, se devengará también la liberación de cantidades ingentes de recursos económicos para hacer crecer el consumo en otros muchos sectores económicos del país.

Porque la vivienda es requisito imprescindible para que las personas sean libres y puedan desarrollar una vida digna.

Jorge Arnaldo Hernando es un síntoma de los nuevos tiempos que vive nuestra España. Muerto en guerra ajena, bajo bandera de una coalición internacional, cumpliendo compromisos políticos de nuestro Gobierno, no es ahora el momento de fijarse en la conveniencia de mantener o no las tropas españolas en Afganistán, sino de analizar, apasionadamente, por qué no, la presencia y muerte de este soldado profesional en un carro de combate español con la bandera de la BRIPAC.