La reforma del Estatuto de autonomía de Andalucía ha ofrecido una nueva ocasión de comprobar cómo los políticos profesionales se afanan en crear problemas nuevos en lugar de aportar soluciones a los existentes, cómo generan necesidades artificiales donde no existe una demanda ciudadana real, y cómo anteponen sus intereses partidistas al interés general de los ciudadanos.
En particular, el Partido Popular, especialmente beligerante contra el Estatuto de Cataluña, ha ofrecido aquí un lamentable espectáculo, una repulsiva muestra de incoherencia política. Mientras tiene recurridos ante el Tribunal Constitucional algunos artículos del Estatut, se aviene a calcar literalmente el texto de los mismos e incorporarlos a otro Estatuto, al que apoya expresamente. En el supuesto de declararse inconstitucionales estos preceptos en el caso catalán, ¿se mantendrán los mismos en la comunidad andaluza, donde nadie parece que los vaya a recurrir?