El Tribunal Supremo ha sido claro rechazando el indulto a los dirigentes separatistas catalanes condenados por los delitos de sedición, malversación y desobediencia. Y lo ha hecho porque lo que pretende el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene fundamento jurídico alguno sino que es una concesión a sus socios independentistas, gracias a los cuales y a costa de laminar el Estado de Derecho español, pretende acabar esta nefasta legislatura.