El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado el proyecto de ley que se denomina de “Memoria democrática”, que ahora remitirá a Las Cortes para su debate y, en su caso, aprobación.

Ya nos hemos pronunciado contra este tipo de normas, desde la aprobación de la vigente Ley de memoria histórica a instancias del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, porque consideramos que la oficialización de la Historia de España es un peligroso impulso totalitario, máxime cuando el proyecto hoy aprobado incluye la penalización de toda idea, trabajo científico o pronunciamiento público que vayan en contra de la supuesta verdad oficial, que no es otra que la actualización de  la propaganda del Frente Popular durante la II República, la Guerra civil y el franquismo, y su continuidad con el discurso de la extrema-izquierda comunista, terrorista y separatista, desde la Transición hasta hoy.

Marruecos ha cruzado otra línea en su escalada de provocaciones a España, con las que quiere seguir condicionando la política de nuestro país y llevarnos hacia una red tramposa que, poco a poco, ha ido tejiendo con el consentimiento de los sucesivos gobiernos españoles desde la dictadura hasta hoy.

Tras la entrega del Sáhara occidental por los últimos gobiernos de la Dictadura de una forma indigna, que dejó constancia de la podredumbre de aquel régimen moribundo para vergüenza de los españoles y de nuestras Fuerzas Armadas, que fueron obligadas a salir del territorio sin poder responder a las bravatas de los de Hassan II, hasta la reciente avalancha de miles de marroquíes sobre Ceuta, espoleados por el propio gobierno alauita a asaltar la frontera española, no hemos parado de ceder ante los malos vecinos que tenemos al sur, y que se sienten cada vez más fuertes ante nuestra debilidad.

El Tribunal Supremo ha sido claro rechazando el indulto a los dirigentes separatistas catalanes condenados por los delitos de sedición, malversación y desobediencia. Y lo ha hecho porque lo que pretende el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene fundamento jurídico alguno sino que es una concesión  a sus socios independentistas, gracias a los cuales y a costa de laminar el Estado de Derecho español, pretende acabar esta nefasta legislatura.

España, al igual que otros países del mundo, atraviesa una grave crisis motivada por la pandemia de la Covid-19. En ese marco, las restricciones a la libertad y movilidad de los españoles han sido impuestas por el Gobierno, así como la limitación de las funciones constitucionales del Parlamento en beneficio de la acción del Poder ejecutivo, controlado por los grupos que apoyan al tándem Sánchez-Iglesias.