El Tribunal Supremo ha sido claro rechazando el indulto a los dirigentes separatistas catalanes condenados por los delitos de sedición, malversación y desobediencia. Y lo ha hecho porque lo que pretende el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene fundamento jurídico alguno sino que es una concesión  a sus socios independentistas, gracias a los cuales y a costa de laminar el Estado de Derecho español, pretende acabar esta nefasta legislatura.

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Marruecos ha cruzado otra línea en su escalada de provocaciones a España, con las que quiere seguir condicionando la política de nuestro país y llevarnos hacia una red tramposa que, poco a poco, ha ido tejiendo con el consentimiento de los sucesivos gobiernos españoles desde la dictadura hasta hoy.

Tras la entrega del Sáhara occidental por los últimos gobiernos de la Dictadura de una forma indigna, que dejó constancia de la podredumbre de aquel régimen moribundo para vergüenza de los españoles y de nuestras Fuerzas Armadas, que fueron obligadas a salir del territorio sin poder responder a las bravatas de los de Hassan II, hasta la reciente avalancha de miles de marroquíes sobre Ceuta, espoleados por el propio gobierno alauita a asaltar la frontera española, no hemos parado de ceder ante los malos vecinos que tenemos al sur, y que se sienten cada vez más fuertes ante nuestra debilidad.

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Armenia ha sufrido un ataque de Turquía y su vecino Azerbaiyán que, tras 40 días de lucha desigual, ha obligado al gobierno de esa república caucásica a aceptar unas condiciones de paz cercanas a la derrota.

Los armenios pudieron recuperar la región del Alto Karabaj tras la implosión de la URSS, ya que había sido otorgada a su vecino Azerbaiyán por los caprichos de los dirigentes soviéticos, cuando por historia y población siempre fue una tierra armenia.

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España, al igual que otros países del mundo, atraviesa una grave crisis motivada por la pandemia de la Covid-19. En ese marco, las restricciones a la libertad y movilidad de los españoles han sido impuestas por el Gobierno, así como la limitación de las funciones constitucionales del Parlamento en beneficio de la acción del Poder ejecutivo, controlado por los grupos que apoyan al tándem Sánchez-Iglesias.

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El Gobierno de Sánchez e Iglesias sigue dando pasos para contentar a sus socios separatistas, en este caso catalanes, que no sólo propiciaron su llegada al Poder o aprobarán sus presupuestos, sino que, estamos seguros que serán piezas importantes en la deriva hacia otro modelo de Estado, en la línea de lo que quiere Podemos y no desmiente Pedro Sánchez.

Indultar a los golpistas que quisieron quebrar a las bravas el orden legal en Cataluña, no es sino otra muestra de las intenciones del gobierno de coalición, aunque para sus socios independentistas, cuyo espíritu insaciable es evidente, sepa a poco y pidan ya una amnistía general y un proceso negociador cuyo objetivo todos conocemos.

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