La sentencia de la Sala de lo penal del Tribunal Supremo, que aumenta considerablemente las penas de privación de libertad para los acusados por el denominado “Caso Blanquerna”, originado por la interrupción en forma de algarada de un acto institucional, organizado por la representación de la Generalitat catalana en Madrid con motivo de la Diada en 2013, es a nuestro juicio un hecho grave que termina por despejar las dudas que quedaban acerca de la politización de la ineficaz justicia española, para nada ajena al clima de corrupción que impera en nuestro País.
Aplicar la agravante de discriminación ideológica a los autores de los hechos, que interrumpieron un acto político esgrimiendo una reivindicación también política de signo opuesto, con el fin de ampliar desmedidamente sus penas de privación de libertad, no deja de tener su enjundia si lo comparamos con la inacción y permisividad de los tribunales, empezando por el Supremo, cuando la fundamentación ideológica de los actos y de quienes los perpetran son de ideología radical izquierdista, dando lugar a un clima que confirma una especie de “barra libre” para que la extrema izquierda pueda atacar, boicotear, agredir o profanar inmuebles, convocatorias, iniciativas, manifestaciones o a representantes de otras opciones políticas diferentes a las suyas.