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Falange Auténtica de las Islas Canarias quiere hacer pública su denuncia del despilfarro de dinero público ocasionado por la orden emitida por el Ministerio de Economía y Hacienda, que fija las cantidades actualizadas de las subvenciones estatales a los gastos originados por las actividades electorales de los partidos políticos para las próximas elecciones del 22-M.
Dicha decisión del Gobierno establece que los partidos políticos mayoritarios recibirán 131 millones de euros (un 33% más que las elecciones anteriores) de las arcas públicas para costear sus mítines, carteles, viajes y otros tipos de propaganda electoral. Además, cada partido mayoritario ingresará 0.55 euros por cada voto que logren en cada candidatura, lo que, en el caso del PSOE y PP, podría suponerles un ingreso adicional de 9 millones de euros.
Por si fuera poco el saqueo del dinero de todos los españoles, habrá una 3ª subvención para gastos derivados del envío directo y personal a los electores (papeletas, propaganda y sobres), que supondrá 0.22 euros por voto para aquellos partidos que hayan presentado listas en la mitad de municipios de más de 10.000 habitantes de cada provincia y obtengan representación en al menos el 50% de ellos.
Una vez más denunciamos este grave expolio a los fondos comunes que, defendemos, deben ser asignados para fines sociales, sobre todo en estos tiempos de crisis, donde millones de familias españolas se las ven y se las desean para poder satisfacer sus necesidades vitales básicas.
Queremos afear especialmente la actitud de aquellos políticos liberales que no han cesado de pedir cínicamente la supresión de las subvenciones públicas a los sindicatos, medida por la que también abogamos, mientras permanecen impasibles ante el robo institucionalizado a todos los españoles del cual se benefician, cual infames receptadores, los partidos a los que pertenecen.
Falange Auténtica de las Islas Canarias defiende la retirada de cualquier subvención pública a los partidos políticos que han de financiarse exclusivamente con las aportaciones voluntarias de sus simpatizantes, ya que el dinero de todos no debe ir destinado a primar a unas opciones sobre otras que, aunque minoritarias, son tan legítimas como cualquiera. El meter mano a la caja común para favorecer a quienes gobiernan, además de dañar la democracia falseando el debate político, supone detraer fondos a fines sociales más necesarios para la ciudadanía.