Los beneficios aplicados por el Gobierno al terrorista José Ignacio de Juana Chaos culminan una cadena de despropósitos, que ha desembocado en esta claudicación del Estado de Derecho ante un sucio chantaje, una decisión que no nos cabe duda de que sentará un gravísimo precedente.
Es cierto, como dice Pérez Rubalcaba, que la actual condena no es por sus atroces asesinatos, sino por amenazas. Pero los ciudadanos deberíamos también recordar que De Juana cumplió una condena leve en comparación con los crímenes cometidos, precisamente porque los grandes partidos no cuestionaron durante años una legislación que así lo permitía. También se llegó a esa situación porque el Gobierno de turno, especialmente el del PP (partido que ahora se manifiesta hipócritamente para buscar réditos electorales) le aplicó beneficios penitenciarios que no eran automáticos (igual que benefició y excarceló a otros etarras en situaciones igual de injustas, ante el silencio generalizado). Y, finalmente, también se llegó a tal situación porque ambos gobiernos se cruzaron de brazos ante las evidencias de que De Juana seguía formando parte de banda armada y celebraba los asesinatos de ETA, sin poner a actuar a la policía y al Ministerio Fiscal.
A última hora, en vísperas de su excarcelación, y gracias a la reacción social impulsada por las víctimas, el gobierno del PSOE, por boca de su entonces Ministro de Justicia, López Aguilar, declaró que se iban a poner en marcha nuevas imputaciones fundadas, que impedirían esa salida de prisión. Pero el mismo gobierno que avaló la petición fiscal de 99 años y pidió prisión preventiva, es el que más tarde pidió 3 años y el que ahora le pondrá en libertad con una condena firme. ¿Qué ha pasado entre tanto? ¿Qué pactos se nos ocultan a los ciudadanos?
Tiene razón también Pérez Rubalcaba cuando dice que, en una situación de peligro para la vida de un recluso, el Estado puede tener la actitud humanitaria que él no tuvo con sus víctimas y que puede atenuar esa prisión y permitir que cumpla la pena en su domicilio. Pero el Ministro del Interior se olvida de un detalle importantísimo: a De Juana Chaos no le ha sobrevenido una enfermedad, sino que su actual estado de salud es fruto de una decisión voluntaria y personal. El propio terrorista ha buscado deliberadamente esa situación, negándose a alimentarse hasta que no se le pusiera en libertad, en un desafío público al Estado. Un pulso que, lamentablemente, ha ganado, ante un Gobierno que se muestra, un día sí y otro también, presto a la claudicación.
Y ahora ¿cómo piensa resolver ese ejecutivo las consecuencias de este absurdo que ha creado? Si la causa de la decisión es el riesgo de muerte, una vez que el etarra empiece a comer y desaparezca tal peligro, ¿volverá a prisión? O, por el contrario, ¿se quedará en su casa aunque no se cumplan los requisitos legales que fundamentaron su excarcelación?
Y cuando nuevos reclusos se pongan, como es previsible, en huelga de hambre, ¿enviará el Ministerio a todos ellos a sus respectivos domicilios con una pulsera para controlarles? ¿Bastará, por tanto, para salir de la cárcel y acceder a una prisión atenuada el negarse a recibir alimentación o el autolesionarse gravemente? ¿Con qué argumentos negará a otros presos, en muchos casos con delitos menos graves, lo que ha concedido ahora al desafiante Iñaki De Juana Chaos?
¿Cómo es posible que el Ministro asegure que han actuado con inteligencia? No querían convertir a De Juana en un mártir ante los proetarras y han optado por convertirle en un héroe ante esos mismos fanáticos. Un sector que apenas hace unos años estaba al borde de la derrota, ilegalizado, fuera de las instituciones democráticas, sin financiación pública y con su entramado mediático y social en proceso de desmontaje judicial. Y que hoy se encuentra crecido, desarrollando su actividad con total impunidad y en actitud de plantear crecientes exigencias.
No es cierto, como dicen algunos, que ésta sea la primera cesión del Estado ante los terroristas: el cambio de trazado de la autovía de Leizarán o el cierre de la central nuclear de Lemóniz fueron triunfos que los políticos del sistema otorgaron a ETA y que a muchos nos avergonzaron en su día. Pero, desde hacía algunos años, a partir de la firma del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, los dos partidos mayoritarios habían adoptado ante la ciudadanía el compromiso de que "de la violencia terrorista no se extraerá, en ningún caso, ventaja o rédito alguno. Y el anterior gobierno se enfrentó a una situación extrema: no adoptó la medida del agrupamiento de los reclusos etarras en cárceles el País Vasco a pesar de la amenaza, luego cumplida, de asesinar a un concejal secuestrado. ¿Con qué cara podrá el actual gobierno mirar a los ojos de la familia de Miguel Ángel Blanco, a la que se dijo que el Estado nunca podía ceder en sus principios? Y no olvidemos que aquella decisión –traslado de presos de unas cárceles a otras- también hubiera sido ajustada a Derecho, sr. Rubalcaba, porque hay cosas que la ley permite hacer pero que no obliga a hacer, y menos cuando no se trata de una decisión libre y responsable de un gobierno democrático, sino del resultado de la presión y de la amenaza. Ahora los españoles sabemos que aquel solemne acuerdo antiterrorista, que afectaba a un asunto de tanto calado, ha sido también, como las promesas electorales, papel mojado.
Falange Auténtica ha estado y estará en la calle, al lado de la rebelión ciudadana contra las injusticias. Hemos estado y estaremos codo con codo con las víctimas y con la sociedad civil, ahora contra el incumplimiento de esta sentencia condenatoria, contra la concesión de privilegios a quien no los merece, contra la cesión a un chantaje que deja al Estado de Derecho a merced de las próximas exigencias de los terroristas y de sus cómplices.
