Por Carlos M. Calamendi

¿Crees que estamos acabados?

Echa un momento la vista atrás y piensa en lo que había cuando surgimos:

1) Una izquierda filo soviética que promulgaba anular el individualismo, y abolir la propiedad privada, no en beneficio de la colectividad sino para engrosar la titularidad de bienes del Estado;

2) Una derecha caciquil ultra liberal que pretendía la perpetuación de las injusticias estructurales del sistema, y de los privilegios de clase, ocultando bajo la enseña nacional la lacra del trapicheo, y

3) Un anarquismo en el que la intelectualidad y la doctrina eran despreciadas en favor de una masa incontrolada y analfabeta que no pasaba de querer abolir el Estado sin
proponer nada a cambio.

***

Frente a esto, hubo un hombre que defendió que la propiedad privada es un derecho que no puede ser negado por el Estado, pero que aun siéndolo, debe ser limitado en pro del interés social; pues no es lícito ni moral que haya a quien le sobra mientras hay quien está necesitado. En resumen, esto es la aceptación del liberalismo, si bien corregido en sus desviaciones por los innegociables contrapesos de la dignidad humana y la justicia social, en provecho del bien común de todos.

A él le fusilaron, y pretenden hacer creer que su causa está muerta y olvidada. Sin embargo…

¿Quién defiende hoy de verdad la sovietización? ¿Quién aboga seriamente por el libre mercado en su versión primigenia?

En cambio a la teoría en que la función social es el límite a la propiedad privada bajo el imperio de la ley, se le llama hoy Estado social y democrático de derecho, y es considerada como objetivo al que debe aspirar la política actual.

Nuestro ideal es la piedra de toque que nos guía, no sólo a nosotros, sino a la sociedad entera, pues por encima de las derivas tendenciosas del mundo, podemos estar orgullosos de saber que nuestro Jefe supo divisar un camino transitable para el futuro, el cual sin duda conquistaremos, cuando amanezca esa España que soñamos con amor para todos, incluidos los que dicen que no nos quieren porque no se han molestado en escucharnos. No importa.

El tiempo ya nos da la razón.

“La aspiración a una vida democrática, libre y apacible será siempre el punto de mira de la ciencia política por encima de toda moda.” José Antonio Primo de Rivera.

Por Mendelevio

En 2019 nos despertamos con una nueva subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en muchas ciudades españolas. Si todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho como dice la Constitución ¿por qué se graba el ejercicio del mismo? Nos posicionamos en contra de nuestra clase política, que proclama derechos constitucionales sobre el papel, y luego asfixia fiscalmente dichos derechos, para mantener su modo de vida parásito. Lo vimos con el impuesto sobre la constitución de hipotecas, cuando denunciamos como el doctor Sánchez en vez de suprimirlo para la compra de la primera vivienda habitual, simplemente lo adscribió a la banca, la cual todos sabemos que de una forma u otra lo trasladará al comprador. Lo hemos visto con el fin de las reducciones al alquiler o a la compra de vivienda habitual. Ahora lo vemos con otra subida del catastro.

Somos partidarios de una fiscalidad suficiente que financie los servicios públicos, corrija desigualdades y reactive la economía en momentos de crisis. Los poderes públicos deben tener por objetivo promover la justicia social en las sociedades que administran, y ello no lo consiguen poniendo trabas a sus ciudadanos en el acceso a una vivienda, sino todo lo contrario.

Impuestos a la constitución de hipotecas y a la posesión de inmuebles SÍ. Pero NO sobre la vivienda habitual, residencia del núcleo familiar. SÍ a los impuestos sobre viviendas que son acaparadas por grandes compañías inmobiliarias o entidades bancarias, para mantener elevados los precios de las mismas. SÍ a los impuestos a las viviendas adquiridas por grupos financieros o particulares con fines especulativos. SÍ a los impuestos a las viviendas cerradas y sin uso. SÍ a impuestos más altos sobre las viviendas alquiladas sólo por pequeños periodos de tiempo (pisos turísticos) frente a los que son alquiladas por periodos más largos (uso residencial), por el valor que adquieren estas como materialización de un derecho, el de la vivienda, en este caso en régimen de alquiler.

Los poderes públicos deben garantizar el derecho a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, fomentando y favoreciendo el uso de los inmuebles para estos fines por medio de una fiscalidad baja. Los impuestos deben ser más altos para el uso de la vivienda para otros fines. Además, la vivienda en propiedad se convierte para muchas personas en su principal forma de ahorro, y más en los tiempos de incertidumbre que vienen sobre el sistema de pensiones, por ello no se puede penalizar la posesión de la vivienda habitual, convirtiéndola en una carga para los propietarios.

Si queremos que nuestras empresas sean competitivas y se reactive la demanda interna, no podemos basarnos en un modelo laboral injusto y suicida a largo plazo basado en la merma de poder adquisitivo de los trabajadores. Ciudades con una vivienda asumible facilitan la movilidad laboral, no presionan al alza sobre los salarios y además facilitan la formación de familias y la reposición demográfica, pero nuestros políticos no piensan en esto cuando fijan los impuestos. Su único interés son sus sueldos y mantener la red clientelar de subvenciones y sobrecostes en contratos públicos.

Las últimas informaciones acerca de la no recogida de las cosechas de naranjas en la Comunidad Valenciana por decisión de los trabajadores del campo, ponen de manifiesto un problema que afecta a los agricultores y ganaderos de toda España. Y es que las importaciones masivas, muchas veces a precios por debajo de su coste real de producción, de alimentos procedentes de países ajenos a la Unión Europea, están dejando a muchos productos agrícolas y ganaderos españoles sin las cuotas de mercado necesarias para poder sobrevivir.

La leche gallega, asturiana y cántabra, los cítricos valencianos y murcianos, el plátano de Canarias y un catálogo que, desgraciadamente, cada vez se va ampliando, está poniendo contra las cuerdas a nuestro Sector primario, tan necesario para mantener el equilibrio económico, poblacional y ecológico de las comarcas rurales de España, a la vez que para mantener en ellos el acervo tradicional y etnográfico de nuestra Nación.

Por Mendelevio.

Políticos hasta en la sopa. No solo porque sean omnipresentes en telediarios y prensa, sino porque se infiltran y parasitan todo lo que tocan. Les vimos copar cargos en las Cajas de Ahorro hasta que las quebraron. Cobraron buenos sueldos, dietas y jubilaciones sin tener ningún conocimiento técnico que lo justificara. No lo decimos los falangistas de <fa>, lo dijeron ellos en los juicios que siguieron a las quiebras que provocaron. Con descaro un exconsejero de Bankia declaró que no tenía conocimientos financieros o contables porque su profesión era la de "maestro de primaria". En esta concepción de los puestos en los consejos de administración como canonjías o jubilaciones de oro participaron PP, PSOE, CiU, PNV, IU… Hasta el ahora doctor en economía Pedro Sánchez hizo sus pintitos en Caja Madrid, y no por sus magros conocimientos financieros, sino por tener el carnet del PSOE.

Los conocimientos técnicos de la mayor parte de nuestros políticos no avalan los puestos que ocupan o han ocupado en las grandes compañías eléctricas, como Aznar en Endesa o Felipe González en Gas Natural. Han justificado sus contratos y sueldos por su agenda, lo que nos suena a tráfico de influencias o pago por los servicios prestados vía BOE a cargo del consumidor. El penúltimo enchufado es el caso de Juan Ávila. Exalcalde socialista de Cuenca colocado por el director de Red Eléctrica Española, el también socialista Jordi Sevilla. Se le creó un cargo, el departamento de Innovación Social, para que pueda justificar su sueldo tras dejar el puesto de secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias. El caso es seguir viviendo de cargos públicos o en empresas estatales. Licenciado en ciencias económicas, según la Wikipedia lleva viviendo de la política desde 1993, desde los 26 años. No le avalan conocimientos técnicos ni experiencia laboral en el sector eléctrico, sólo un carnet…

El precio de esta concepción de la política como reparto de prebendas o agencia de colocación, lo pagamos todos. De forma directa con unos abultados sueldos a cargos muchas veces innecesarios y de forma indirecta por su más que deficiente gestión.

Desde <fa> luchamos para que no salga gratis el enchufismo. Ayúdanos a denunciar estas tomaduras de pelo tan burdas.