Por Mendelevio
En 2019 nos despertamos con una nueva subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en muchas ciudades españolas. Si todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho como dice la Constitución ¿por qué se graba el ejercicio del mismo? Nos posicionamos en contra de nuestra clase política, que proclama derechos constitucionales sobre el papel, y luego asfixia fiscalmente dichos derechos, para mantener su modo de vida parásito. Lo vimos con el impuesto sobre la constitución de hipotecas, cuando denunciamos como el doctor Sánchez en vez de suprimirlo para la compra de la primera vivienda habitual, simplemente lo adscribió a la banca, la cual todos sabemos que de una forma u otra lo trasladará al comprador. Lo hemos visto con el fin de las reducciones al alquiler o a la compra de vivienda habitual. Ahora lo vemos con otra subida del catastro.
Somos partidarios de una fiscalidad suficiente que financie los servicios públicos, corrija desigualdades y reactive la economía en momentos de crisis. Los poderes públicos deben tener por objetivo promover la justicia social en las sociedades que administran, y ello no lo consiguen poniendo trabas a sus ciudadanos en el acceso a una vivienda, sino todo lo contrario.
Impuestos a la constitución de hipotecas y a la posesión de inmuebles SÍ. Pero NO sobre la vivienda habitual, residencia del núcleo familiar. SÍ a los impuestos sobre viviendas que son acaparadas por grandes compañías inmobiliarias o entidades bancarias, para mantener elevados los precios de las mismas. SÍ a los impuestos a las viviendas adquiridas por grupos financieros o particulares con fines especulativos. SÍ a los impuestos a las viviendas cerradas y sin uso. SÍ a impuestos más altos sobre las viviendas alquiladas sólo por pequeños periodos de tiempo (pisos turísticos) frente a los que son alquiladas por periodos más largos (uso residencial), por el valor que adquieren estas como materialización de un derecho, el de la vivienda, en este caso en régimen de alquiler.
Los poderes públicos deben garantizar el derecho a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, fomentando y favoreciendo el uso de los inmuebles para estos fines por medio de una fiscalidad baja. Los impuestos deben ser más altos para el uso de la vivienda para otros fines. Además, la vivienda en propiedad se convierte para muchas personas en su principal forma de ahorro, y más en los tiempos de incertidumbre que vienen sobre el sistema de pensiones, por ello no se puede penalizar la posesión de la vivienda habitual, convirtiéndola en una carga para los propietarios.
Si queremos que nuestras empresas sean competitivas y se reactive la demanda interna, no podemos basarnos en un modelo laboral injusto y suicida a largo plazo basado en la merma de poder adquisitivo de los trabajadores. Ciudades con una vivienda asumible facilitan la movilidad laboral, no presionan al alza sobre los salarios y además facilitan la formación de familias y la reposición demográfica, pero nuestros políticos no piensan en esto cuando fijan los impuestos. Su único interés son sus sueldos y mantener la red clientelar de subvenciones y sobrecostes en contratos públicos.
