Por Mendelevio.
Durante la Segunda República un escándalo, el Nombela-Tayá, provocó una grave crisis parlamentaria. Un funcionario, Antonio Nobela, se negó a hacer efectiva una indemnización, que consideraba fraudulenta, por la rescisión de un contrato público a una compañía naviera en la Guinea Española, denunció el caso al Gobierno y fue destituido… El casó llegó al parlamento, que redujo la indemnización a un tercio y restituyó al funcionario. El Partido Radical de Alejandro Lerroux salió tan tocado de este escandalo (unido al anterior de la ruleta de Strauss y Perl) que en las elecciones de febrero de 36 fue borrado del mapa electoral.
En 2017 la Junta de Castilla la Mancha abrió un expediente y apartó de sus funciones de supervisión en el matadero de Incarlopsa (Tarancón-Cuenca) a unos veterinarios que habían denunciado que se incumplía la normativa europea al desollar a los animales sin estar inconscientes[1]. Finalmente la Justicia dio la razón a los veterinarios y amonestó a la Junta[2]. Esta en vez de proteger a sus funcionarios, de las presiones de las empresas por hacer su trabajo los presionó para que miraran a otro lado… teniendo en cuenta que el incumplimiento de las directivas europeas ya han llevado a España diversas multas, que pagamos todos los contribuyentes[3], el caso es de una extrema gravedad política. Además, para que no falte ningún ingrediente en este trato de favor a Incarlopsa, previamente ésta había hecho una generosa donación a la fundación que canta las glorias del gobierno de Emiliano García Page[4].
