Nueve meses de gestación parece que han sido necesarios para que la tregua de ETA produjese su resultado de violencia y coacción. Como un mal embarazo, preñado de intenciones políticas de una banda asesina, anclada en el más turbio totalitarismo marxista y trufado del más irracional nacionalismo excluyente, que cree que los objetivos políticos se consiguen matando personas y sembrando la violencia.

No es nada que no pudiera haberse intuido. La experiencia -que sólo parecía haber olvidado el Gobierno, quien más presente debió tenerla- apuntaba a que éste era el fin más probable del proceso de paz, o de negociación o como quiera llamársele a esta pantomima que hemos sufrido, con la vergüenza de ver a nuestro Gobierno dando visos de ir a plegarse a las pretensiones del separatismo, por efecto de haberse vertido la sangre de tantos asesinados y la chulería de los que sólo esgrimen, a falta de razones, muertos y destrozos.

Desde su creación, Falange Auténtica ha venido prestando atención al grave problema de la vivienda en nuestro país y en los últimos meses ha puesto en marcha una específica campaña de denuncia.

FA señaló ya en su día la falacia que supone considerar que el coste de la vida sube realmente lo que marca el IPC general y, consecuentemente, aumentar los salarios con esa referencia. El porcentaje que la adquisición o tenencia de una vivienda supone sobre el total de los ingresos familiares ha crecido de forma mucho más elevada, y ello incide de forma muy directa en la vida cotidiana y en la economía doméstica.

En los últimos años, la vivienda se ha convertido en un problema acuciante, una cuestión que está entre las principales preocupaciones de los españoles. En tercer lugar, después de la inmigración y el paro, y por encima del terrorismo, los encuestados en el barómetro del CIS de septiembre de 2006 citan el problema de la vivienda, que casi alcanza un 21 %. Y, sin embargo, los grandes partidos no tienen ningún interés en convertirlo en objeto del debate político, lo que pone de manifiesto el divorcio existente entre los intereses ciudadanos y los de una clase política que vive de espaldas a los mismos.

Las recientes elecciones catalanas han estado caracterizadas por el incremento de la abstención. Si en los comicios autonómicos de 2003 un 37,46 % de los electores con derecho a voto no participó en los mismos y otro 091 % votó en blanco, el desencanto de los catalanes con su clase política se ha incrementado y, en esta ocasión, la abstención ha alcanzado el 43,23 %, a lo que habría que añadir el 2,03 % de votos en blanco.

Se consolida así una actitud de pasivo rechazo, que tuvo su máximo reflejo en el referéndum del nuevo Estatuto de autonomía. Los grupos parlamentarios de Cataluña centraron la anterior legislatura en este nuevo texto, como si constituyese la máxima aspiración popular y, sin embargo, la mayoría de ciudadanos le dieron clamorosamente la espalda en la consulta, nada menos que con un 5115 % de abstención y un 529 % en blanco, sin olvidar que el 2057 % de los votos emitidos fue contrario a la aprobación de ese nuevo Estatut.

Pese a todo ello, nuestros políticos -¿hace falta decirlo?- no se sienten en ningún momento interpelados ni afectados por esta elevada abstención y continúan con su huida hacia delante, sin hacer ninguna reflexión al respecto ni cuestionarse absolutamente nada.

En un país donde hasta las instituciones que deberían ser más independientes (como los órganos que constituyen la cúpula de nuestro sistema judicial, la Fiscalía General, las Comisiones que regulan la Competencia o la Energía...) actúan de forma altamente previsible (y casi siempre coincidente con el de quien nombra, quien paga o quien elige "cuota, dependiendo de los casos), desde un punto de vista ciudadano se agradecen comportamientos como el del actual Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, que ha decidido hacer uso de su facultad de interponer recurso de inconstitucionalidad frente al nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña.