Los beneficios aplicados por el Gobierno al terrorista José Ignacio de Juana Chaos culminan una cadena de despropósitos, que ha desembocado en esta claudicación del Estado de Derecho ante un sucio chantaje, una decisión que no nos cabe duda de que sentará un gravísimo precedente.

Es cierto, como dice Pérez Rubalcaba, que la actual condena no es por sus atroces asesinatos, sino por amenazas. Pero los ciudadanos deberíamos también recordar que De Juana cumplió una condena leve en comparación con los crímenes cometidos, precisamente porque los grandes partidos no cuestionaron durante años una legislación que así lo permitía. También se llegó a esa situación porque el Gobierno de turno, especialmente el del PP (partido que ahora se manifiesta hipócritamente para buscar réditos electorales) le aplicó beneficios penitenciarios que no eran automáticos (igual que benefició y excarceló a otros etarras en situaciones igual de injustas, ante el silencio generalizado). Y, finalmente, también se llegó a tal situación porque ambos gobiernos se cruzaron de brazos ante las evidencias de que De Juana seguía formando parte de banda armada y celebraba los asesinatos de ETA, sin poner a actuar a la policía y al Ministerio Fiscal.

A última hora, en vísperas de su excarcelación, y gracias a la reacción social impulsada por las víctimas, el gobierno del PSOE, por boca de su entonces Ministro de Justicia, López Aguilar, declaró que se iban a poner en marcha nuevas imputaciones fundadas, que impedirían esa salida de prisión. Pero el mismo gobierno que avaló la petición fiscal de 99 años y pidió prisión preventiva, es el que más tarde pidió 3 años y el que ahora le pondrá en libertad con una condena firme. ¿Qué ha pasado entre tanto? ¿Qué pactos se nos ocultan a los ciudadanos?

Los alarmantes sucesos del pasado fin de semana en Alcorcón (Madrid) nos resultan especialmente inquietantes por su significación con respecto al fracaso de la integración en nuestra sociedad.

No es lo más importante saber en este caso quién empezó la trifulca, ni si ésta tuvo su origen en una pelea de copas o en alguna actividad delictiva previa. Lo cierto es que, tras un desgraciado episodio de violencia, totalmente censurable, la consecuencia inmediata es la creación de bandos enfrentados, cuyas características son fáciles de asumir. Los bandos se diferencian por rasgos étnicos, por origen nacional y, en menor medida, por usos culturales, si es que pueden ser así llamados los atributos diferenciadores que asignan a los individuos un mayor o menor grado de pertenencia a una tribu urbana.

No vale ocultar la cabeza como el avestruz ante estos incidentes. Si se dan es porque el proceso de integración está fracasando y deben tomarse medidas de manera inmediata.

Es bien conocida nuestra posición ante la inmigración. También es conocido nuestro planteamiento sobre la integración: un proceso imprescindible, obligatorio, al que no se puede renunciar para poder organizar la nueva sociedad que estamos creando entre los que ya estábamos y los que están llegando.

Las dos Españas hasta sus últimas consecuencias: en este país en el que siempre ha habido que ser, por narices, de Marcial Lalanda o de Joselito, de los carlistas o de los isabelinos, del Madrid o del Barça, de los rojos o de los nacionales, del PP o del PSOE, de la Cope o de la Ser, del vaso medio vacío o del vaso medio lleno, del blanco o del negro, encuentran difícil acomodo el término medio, el razonamiento riguroso o la simple sensatez que se niega a ser etiquetada.

Sin embargo, cuando el 11 de marzo de 2004 el mayor atentado de la historia de España nos levantaba a todos con la noticia de casi doscientos muertos, centenares de heridos y un drama para muchísimas familias, pocos podían imaginar, aun con aquellos antecedentes, que los sectarismos llegarían al extremo de acampar también en medio de una tragedia nacional de esas dimensiones.

Ha comenzado en estos días el juicio por aquel atentado terrorista y, en vez de encontrar una sociedad, unos partidos y unos medios de comunicación unidos en el rechazo al terror y en la cercanía a las víctimas, unidos en el dolor y en la exigencia de justicia, encuentra también dos bandos: los que quieren que hayan sido los islamistas y los que quieren que haya sido ETA. ¿Cabe mayor disparate?

Tal vez sea el momento de recordar quiénes somos. Falange Auténtica, cuando mira al pasado y busca las fuentes donde inspirarse, fija su vista, de manera innegable, en la experiencia vital y política de José Antonio Primo de Rivera.

Un político que negó su entrada en Falange Española a José Calvo Sotelo, que se había convertido, en los tiempos de la Segunda República española, en baluarte y promesa de la derecha autoritaria con tintes corporativistas, y, sin embargo, coqueteó en más de una ocasión con la posibilidad de que el movimiento revolucionario que proponía para España fuera liderado por Manuel Azaña, paradigma incuestionado del republicanismo izquierdista no marxista, cuyas cualidades y posibilidades recalcó en más de una ocasión. Un político, José Antonio, que en alguna ocasión creyó viable que la dirección de su Falange recayera en Indalecio Prieto, representante oficioso del socialismo menos bolchevizado dentro del PSOE.

Fue José Antonio quien, tras poner a disposición del gobierno derechista de 1934 todos los medios que pudiera ofrecer Falange Española para atajar el movimiento revolucionario contra el gobierno de la República que adquirió especial importancia en Asturias y Cataluña, salió a los medios para justificar el origen de la sublevación en las durísimas condiciones de vida de los trabajadores en España, para mostrar simpatía por los sublevados y por algunas de sus motivaciones y para advertir a sus seguidores de la necesidad de seguir luchando contra la injusticia social del gobierno derechista, que había atacado la clase obrera, influida por el marxismo virulento de aquellos tiempos.

La profunda libertad que hizo suya José Antonio Primo de Rivera ha sido heredada por Falange Auténtica al tiempo que las esencias que definieron su activar político. Consideramos una obligación ejercer esa libertad, incluso cuando no se entiendan nuestras motivaciones.

Cuando el sábado día 13 asistimos con nuestra propia pancarta y mensaje a una manifestación que los medios derechistas señalaban como una maniobra del gobierno para recuperar la iniciativa popular -que últimamente había copado el sector político que se siente representado por la oposición-, ejercíamos no sólo nuestra profunda libertad, sino que también poníamos en practica uno de nuestros principios políticos. Nuestra postura contra la negociación y nuestra crítica al planteamiento de Rodríguez Zapatero en cuestiones antiterroristas no deja ninguna duda, sobre qué apoyábamos y qué no hubiéramos apoyado en ningún caso.