Las recientes elecciones catalanas han estado caracterizadas por el incremento de la abstención. Si en los comicios autonómicos de 2003 un 37,46 % de los electores con derecho a voto no participó en los mismos y otro 091 % votó en blanco, el desencanto de los catalanes con su clase política se ha incrementado y, en esta ocasión, la abstención ha alcanzado el 43,23 %, a lo que habría que añadir el 2,03 % de votos en blanco.
Se consolida así una actitud de pasivo rechazo, que tuvo su máximo reflejo en el referéndum del nuevo Estatuto de autonomía. Los grupos parlamentarios de Cataluña centraron la anterior legislatura en este nuevo texto, como si constituyese la máxima aspiración popular y, sin embargo, la mayoría de ciudadanos le dieron clamorosamente la espalda en la consulta, nada menos que con un 5115 % de abstención y un 529 % en blanco, sin olvidar que el 2057 % de los votos emitidos fue contrario a la aprobación de ese nuevo Estatut.
Pese a todo ello, nuestros políticos -¿hace falta decirlo?- no se sienten en ningún momento interpelados ni afectados por esta elevada abstención y continúan con su huida hacia delante, sin hacer ninguna reflexión al respecto ni cuestionarse absolutamente nada.
A pesar de la subida registrada por CiU e ICV y la pérdida de escaños de PSC, ERC y PP, en realidad el mapa político catalán se queda prácticamente como estaba.
La reedición del gobierno tripartito, ahora bajo la presidencia de Montilla y la vicepresidencia de Carod, no permite albergar en absoluto esperanzas de un buen gobierno ni, dados los antecedentes, de que la sensatez presida la vida política en Cataluña.
La continuidad en la deriva nacionalista del PSC-PSOE y el hecho de que los independentistas de ERC controlen los medios de comunicación públicos y la política lingüística son factores sumamente preocupantes para quienes rechazamos las prácticas excluyentes y creemos que la identidad catalana no sólo no es incompatible con la España común sino que es parte irrenunciable de la misma.
La nota más interesante de las elecciones posiblemente es la irrupción política de Ciutadans-Partit de la Ciutadania. El hecho de que representemos una opción diferente no nos hace caer en el sectarismo de PP y PSC, que no han disimulado su indignación y su desprecio ante el resultado de este nuevo partido, que les ha restado unos votos que creían de su propiedad. De esta formación nos separa, sobre todo, su discurso en lo social, conformista y que no cuestiona en modo alguno los esquemas capitalistas, y también el que mantenga una calculada ambigüedad en los temas éticos y relacionados con la dignidad humana. Sin embargo, su concepto plural e integrador de España, con un explícito rechazo a los nacionalismos, su apuesta por profundizar la democracia, su discurso de vertebrar una alternativa ciudadana frente a los cerrados partidos de políticos profesionales, viene a suponer un soplo de aire fresco que en buena medida es coincidente con nuestros planteamientos. Y, en todo caso, su entrada en el parlament ha demostrado algo que venimos defendiendo: que, aunque con importantes condicionantes, existe un resquicio para romper el monolítico bloque de los partidos del sistema. Ahora, de ellos depende que se asimilen a éstos o que mantengan en las instituciones el espíritu transgresor que ha llevado a casi noventa mil catalanes a darles su confianza contra todo pronóstico y a pesar de las limitaciones en las que surgió y se ha movido esta iniciativa.
Previsiblemente, la que se abre será una legislatura marcada por la aplicación y desarrollo del nuevo Estatuto, que, con su modelo económico, provocará tensiones interterritoriales, creará problemas con su modelo judicial y administrativo, y perjudicará a los ciudadanos con su modelo de imposición lingüística y cultural.
Entretanto, FA seguirá esforzándose por llevar humildemente a Cataluña una voz distinta, que apueste con decisión por situar a la persona en el primer plano de la política, por hacer compatible España como proyecto integrador y la defensa de la identidad catalana, por reclamar cauces de democracia participativa y por denunciar la injusticia socioeconómica allí donde se produzca.
