En los últimos tiempos se viene viviendo en Canarias una agria polémica en torno a la probable existencia de petróleo y gas en aguas próximas al Archipiélago y, sobre todo, a su posible explotación tras los necesarios sondeos confirmatorios. Todo ello dada la eventual afección que al medio natural de Canarias podría provocar un accidente y consecuente vertido de crudo. Polémica ésta engrosada y tergiversada por espurios intereses nacionalistas en enfrentar a Canarias con el Estado y que parten de ese dechado de formación intelectual y buen hacer político que es Paulino Rivero, flamante cadáver político, gracias a Dios (y a la decisión de los militantes de su propia formación política).
En ese intento de forzar un enfrentamiento de la sociedad canaria con lo que los nacionalistas pretenden “trato colonial desde Madrid”, los dirigentes canarios se han empeñado en promover una consulta a la población de las Islas sobre su acuerdo o no con que se realicen las prospecciones necesarias para la confirmación de la existencia de los combustibles fósiles y su eventual rentabilidad. Y nada habría que objetar a dicha consulta si contase ésta con el beneplácito legal, información no tergiversada y un largo etcétera de propósitos y propuestas y no, como se viene produciendo, de despropósitos y contrapuestas alejadas no solo ya de toda legalidad y sentido común, sino hasta de la más elemental veracidad y vergüenza.