Los recientes tratados comerciales ente la Unión Europea y varias naciones Hispanoamericanas (Centroamérica, Colombia y Perú) han olvidado introducir cláusulas que velen por el cumplimiento de unas mínimas normas en materia de justicia social y protección ambiental.
Mientras el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica se firmaba en Madrid, impulsado por el Gobierno de Zapatero quizás para maquillar los raquíticos logros de su presidencia de turno de la UE, tanto agricultores americanos como españoles mostraban su oposición porque aquel no les garantiza unos mínimos beneficios que les permitan subsistir dignamente, además de poner en peligro a nuestros productores porque sus mercados tradicionales se verán inundados por alimentos producidos y comercializados a bajo coste por las multinacionales de la distribución que acabarán por expulsarles de aquellos.
Frente a la creencia general, difundida interesadamente por los círculos de poder, que estos acuerdos internacionales son beneficiosos para los países en vías de desarrollo, la realidad es bien distinta. A quien benefician realmente es a las multinacionales que son quienes controlan la producción en los países pobres y obtienen, gracias a estos tratados, el libre acceso al mercado europeo, hasta ahora exigente en materia de seguridad alimentaria, respeto ambiental y justicia social, requisitos que quedan muy tocados con la nueva situación.