por Juan Francisco González Tejada

En los últimos meses los FUNCIONARIOS han pasado a ser, sin buscarlo, y lo que es peor, sin quererlo, al centro de atención de la política, y de los especialista en asuntos económicos y financieros.

Al comenzar a hablar de funcionarios o de la función publica tenemos que analizarlo desde  la concepción empresarial según la cual la administración a través de los funcionarios vende o presta un servicio que los ciudadanos pagan vía impuestos de forma solidaria, de tal manera que recibiendo todos el mismo servicio, cada uno contribuye en función de sus rentas, de su capacidad de compras etc, veía impuesto directos e indirectos.

La crisis ha provocado una reducción grave para el pago de esos servicios, al no poderse recaudar el mismo nivel de ingresos que lo que supone el gasto de la administración publica, que en los últimos años estableció nuevos gastos fijos y estructurales cuando los ingresos vía especulación inmobiliaria era predecible que serian temporales, por mucho que durara la bonanza. Ahora esos políticos, esos partidos que en todos los niveles de la Administración del Estado ( Gobierno Central, Autonómicos, Locales, y Diputaciones) hicieron crecer el gasto de forma irresponsable creando nuestras infraestructuras administrativas, duplicidades etc, creando unos puestos de trabajo en la administración por encima de lo razonable, bien mediante personal funcionario, personal laboral o subcontratación de servicios, en lugar de hacer un análisis riguroso del gasto publico, al que no pueden acceder por haber transferido a las autonomías la gestión de competencias que la propia Constitución reserva para el Gobierno Central. Pues bien en lugar de eso,  sin ningún tipo de escrúpulos, y para contentar a los mercados del capitalismo financiero, han seguido la vía mas fácil y mas injusta, plantear una reducción de salarios para los funcionarios, cuando saben que de seguir por el camino que vamos, tendrán que acometer la necesaria reforma de la administración del Estado.

Nosotros nos negamos a meter en un saco a todos, bajo el termino de FUNCIONARIOS. Para nosotros el esfuerzo, la capacidad y el merito siguen siendo valores a defender, conjugados con las funciones que estos funcionarios prestan a la sociedad en la escala de prioridades de derechos sociales que hacen mas iguales y mas dignas a las personas, a los ciudadanos.


No toleramos, que los que han permitido que en los tiempos de bonanza basada en la usura, se haya pervertido el sistema social, y todo, todo haya quedado expuesto a la intemperie de la OFERTA y la DEMANDA, llegando en el terreno laboral, a que  un chaval  sin estudios, y sin esfuerzos, accediera a sueldos muy por encima de los que cobran personas que habiendo realizado una carrera universitaria, habiendo superado una oposición, se dedica a salvar vidas en un hospital, a educar nuestros hijos, en los distintos centros educativos, o perseguir delincuentes de todo pelaje jugándose su vida, y todo ello a costa de los endeudamientos de los jóvenes que querían acceder a la vivienda, endeudándose para toda la vida.  Los que permanecieron inmóviles antes este panorama ahora quieren cuadrar cuentas también, sin hacer ni el esfuerzo de ponerse a trabajar duro para reducir de forma sensata y rigurosa los gastos superfluos del Estado.

No toleramos que se meta en el mismo saco de la función publica ni a las funciones, ni a los funcionarios, que tienen encomendadas labores profesionales  que aseguran servicios esenciales para la igualdad de derechos y dignidad de las personas.

Reclamamos de nuestro Presidente y de sus brunetes mediáticas, una reflexión en profundidad sobre la extensión del gasto publico no social, funcionarios con misiones puramente administrativas que se han creado en los últimos 25 años, para satisfacer los caprichos de los políticos de turno que se han convertido en los señores feudales en las distintas Comunidades Autónomas, de todos los puestos creados también por los Ayuntamientos y que no responden al desempeño de funciones de servicio publico de carácter esencial.

Antes de bajar sueldos al personal cualificado que nos atiende en la Sanidad, en la Educación, en la Seguridad, en la Asistencia  es preciso recortar gasto suntuosos, en privilegios a políticos, reducir la duplicidad de funciones, mancomunación de servicios de los funcionarios de carrera en la Administración Local, eliminación de ese mastodóntico parque móvil, que ya nadie sabe a cuanto asciende porque cada administración hace lo que en este sentido le da la gana. Drástica reducción de la subvención a partidos políticos, sindicatos, asociaciones patronales, todo tipo asociaciones de amigos, amiguetes y familiares. Abolición de los liberados sindicales, regulación por un grupo de economistas de los salario de los cargos electos y reducción de los concejales liberados en los miles de municipios que tiene España. Y endurecimiento del Código Penal para todo funcionario o político que negocie con los contratos de servicios o concesiones administrativas del Estado en todos sus ámbitos.

Y como queda bien claro, nuestros argumentos no están basados en ningún tipo de fobia a la función publica, tenemos la fuerza moral para denunciar la pasividad de los jefes en las administración publica y de la complicidad de las fuerzas sindicales con practicas laborales  de algunos  funcionarios, que en la empresa privada, de producirse durante una semana, significarían  un despido disciplinario, mientras que esta es una practica mas extendida de lo deseable en muchas personas que siendo funcionarios, se sienten inmunes antes la petición de responsabilidad en sus funciones laborales, por parte de sus superiores, que o bien hacen la vista gorda, o temen el escándalo que le pueda montar el sindicato.

En fin, el funcionario no tiene culpa de nada, pero si que irremediablemente, si pertenece a puestos creados por la arbitrariedad política, y la mala administración deberá sufrir ahora lo que antes fue una alegría que no respondía una necesidad sino a una arbitrariedad del poder político, o que respondiendo a una necesidad que se podía cubrir ese gasto en otro momento, pero no es posible o responsable seguir gastando en esas partidas, por  poner en peligro la financiación de derechos básicos como la sanidad, la educación etc,etc.

Los culpables de estos desajustes ha sido el capitalismo financiero, representados  en una Banca que que abandono el negocio tradicional e hizo del capital una función  empresarial, y  también  los partidos y sindicatos que han permanecido impasibles ante la especulación, la usura, el endeudamiento como motor de la economía, y en medio de este desorden han ido aumentando los puestos y los gastos en una administración que debía pensar que el dinero que le llegaba era producto de una maná inagotable.

Ante esta situación nos queda reducir gastos los mas urgentemente para no seguir empobreciéndonos mas, asegurando los derechos esenciales, y  partir de ese punto urgen un reparto de la riqueza que no deje en la estacada  millones de españoles.

El que los recortes se tengan que hacer en la administración publica, no convierte al FUNCIONARIO de forma genérica y ni especifica, en el culpable de la crisis, que se debe al ilimitado egoísmo del hombre, que encarnados en los entramados financieros que gestionan GRANDES CAPITALES muy globalizados, ni la ley ni la fuerzas sociales han sido capaz de ponerles freno para llegar donde nos encontramos. Antes de CORTAR POR LOS SANO, ES PRECISO CORTAR LOS EXCESOS.