José María Lizundia Zamalloa en www.Diariodeavisos.com
El sistema de garantías sobre el que está edificado nuestro Estado democrático, la confianza en las instituciones y la igualdad real de todos los ciudadanos ante la ley (Baltasar Garzón incluido) hubieran bastado, en cualquier país europeo, para dejar a cada poder actuar conforme a lo legalmente previsto. En la certeza de que los diferentes escalones procesales conjurarían cualquier eventual contaminación que afectase a la realización de la justicia.
De determinarse algún tipo de responsabilidad penal en el ejercicio de la función jurisdiccional por el juez Garzón, sería porque así lo habrían establecido los tribunales que lo juzguen. Como esto es imposible de rebatir, la hinchada arremolinada en torno a Garzón trata de deslegitimar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva de las acusaciones y el de la igualdad ante la ley, arrojando con ponzoña los peores baldones contra abogados, asociaciones e incluso magistrados designados que en absoluto estarían legitimados para hacer uso de sus derechos constitucionales. La ideologización de este avatar judicial debe situarse exactamente dentro de las coordenadas históricas, políticas e ideológicas de la izquierda española, reverdecidas por el socialismo en el poder y su política revisionista de la historia de España de acuerdo con el cainismo y sectarismo, apenas camuflado de humanitarismo repentino, con que entonces se desarrolló.
