Nuestros políticos tienen una capacidad innata para desviar la atención pública de algunos problemas y ya de paso meter al país en otros problemas nuevos.
La reforma constitucional para poner un límite al déficit, puede parecer a primera vista una gran idea. Es cierto que cualquier economía tiene que estar bien equilibrada, ingresos y gastos descompensados a favor de mayores gastos que ingresos son la antesala del colapso.
Pero también es cierto hay partidas en todo presupuesto que son de gasto y otras partidas que son inversiones. Los gastos puros se realizan y ya está consumido el recurso, las inversiones son gastos cuyos beneficios se alargan en el tiempo y producen efectos a medio y largo plazo. Así, cuando un servicio público de salud encarga a una clínica privada una prueba determinada, el coste de esa prueba es un gasto, se paga y ya se consumió el recurso y nada queda. Si ese mismo servicio de salud compra una máquina para hacer en sus dependencias esa misma prueba, de lo que hablamos es de una inversión. En algunas ocasiones algo parece ser un gasto, pero en realidad es una inversión. Eso suele ocurrir con los gastos sociales. No solo sirven en el corto plazo, sino que facilitan la mejoría de las economías que los realizan en el medio y largo plazo.