Parece ser que, cuando unos cuantos, con un egoísmo desmedido, se quedan con la riqueza que creamos entre todos con nuestro trabajo -mientras la clase media está disminuyendo a un paso alarmante-, es porque el paro aumenta debido a que el empleo es “fijo y seguro”. Y quien así habla es el presidente de los empresarios españoles.

¿Dónde está ese trabajo “fijo y seguro”?

Seguramente el sr. Rosell se refiere al suyo, al de los políticos y la legión de personal "de confianza", eufemismo de "enchufados" en la Administración, presupuesto que debería ir destinado cumplir con los servicios que aseguran los derechos básicos para las personas.

A pesar de ser sobradamente conocidas las devoluciones en caliente por parte de Turquía, lejos de rasgarse las vestiduras, como ha hecho otras veces, la UE firmó un acuerdo en virtud del cual se aprueba deportar a Turquía a todos los refugiados que lleguen a Grecia de forma irregular. A cambio, Ankara recibirá financiación europea.

El acuerdo firmado por la Unión Europea y Turquía pone de manifiesto la demagogia y la pérdida de valores de las políticas ejercidas por la UE, de forma más flagrante si cabe. Llevamos tiempo denunciando el falso rasero en el que se sostiene la democracia europea.

El Pueblo español lleva más de una década sufriendo una crisis progresiva, soportada por las clases medias trabajadoras de nuestra nación: cooperativas, pequeñas y medianas empresas, así como trabajadores autónomos y por cuenta ajena. Y padecida especialmente por parados, personas endeudadas que han sido desahuciadas de sus hogares, pensionistas y dependientes. Todos han experimentado los recortes de sus derechos sociales básicos, en términos absolutos y también provocados por las subidas de los precios de bienes esenciales como la energía eléctrica, respecto a sus salarios o pensiones. Así, consideramos que muchas personas y familias han quedado expuestas a decisiones poco acertadas que han tomado nuestros gobernantes y que no han velado por el bien común.

Desde Falange Auténtica nos sumamos a las peticiones de la nueva presidenta de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español (COES-LAPAD), Aurelia Jerez, que insta al nuevo Gobierno, por constituirse, a “habilitar una dotación presupuestaria acorde a las necesidades de la atención a la dependencia, suprimir los copagos y unificar los criterios de valoración y las prestaciones entre las distintas comunidades autónomas”.

La falta de compromiso del Gobierno del PP, con uno de los colectivos “más débil y frágil de nuestra sociedad”, en declaraciones de la portavoz de la Coordinadora, ha llevado a miles de personas a “una dramática situación”. A día de hoy, 127.000 personas dependientes han muerto esperando una ayuda que les corresponde por ley. Y añadimos, en justo cumplimiento de la justicia social inseparable en una democracia saneada y avanzada.

FA denuncia los recortes presupuestarios aplicados a la atención a la dependencia, por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, más de 2.000 millones de euros, mientras observamos como leyes creadas para tal uso, permiten que las fundaciones de los partidos se repartan miles de euros entre enchufados, amigotes y afiliados, dejando exhaustas las partidas presupuestarias más necesarias.