La reforma del Estatuto de autonomía de Andalucía ha ofrecido una nueva ocasión de comprobar cómo los políticos profesionales se afanan en crear problemas nuevos en lugar de aportar soluciones a los existentes, cómo generan necesidades artificiales donde no existe una demanda ciudadana real, y cómo anteponen sus intereses partidistas al interés general de los ciudadanos.
En particular, el Partido Popular, especialmente beligerante contra el Estatuto de Cataluña, ha ofrecido aquí un lamentable espectáculo, una repulsiva muestra de incoherencia política. Mientras tiene recurridos ante el Tribunal Constitucional algunos artículos del Estatut, se aviene a calcar literalmente el texto de los mismos e incorporarlos a otro Estatuto, al que apoya expresamente. En el supuesto de declararse inconstitucionales estos preceptos en el caso catalán, ¿se mantendrán los mismos en la comunidad andaluza, donde nadie parece que los vaya a recurrir?
Falange Auténtica, que pidió también en su día el "no" al nuevo Estatuto catalán, coherentemente solicita ahora el voto negativo frente al nuevo Estatuto que los políticos han preparado para Andalucía, por motivos sustancialmente coincidentes:
- El nuevo texto reivindica en su Preámbulo la definición de Andalucía como realidad nacional contenida en el Manifiesto andalucista de Córdoba en 1919, un texto plagado de delirios míticos y expresiones chauvinistas. Ciertamente, términos como nación o nacional son polisémicos. Pero, cuando se incorporan a un texto jurídico, se corre el riesgo de que en algún momento los nacionalismos los interpreten no en su sentido cultural sino en su sentido de sujeto de soberanía política. No es tranquilizante que el mismo Preámbulo reivindique también la llamada Constitución federal andaluza de 1883, aprobada en Antequera por sublevados cantonalistas y que proclamaba la soberanía de Andalucía. Si la Constitución reserva el término nación para definir a España, es un peligroso contrasentido aplicarlo luego a cada comunidad autónoma, porque la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español. Además, en este caso, los andaluces sienten esa definición como algo ajeno. Aunque no fuera así, tampoco estaría justificado, pero es que resulta más sangrante cuando los propios ciudadanos contemplan este invento de sus políticos como algo artificial. Parece una expresión buscada para que la diferencia terminológica no acabe justificando discriminaciones entre comunidades, por lo que se está actuando a remolque de un nacionalismo catalán al que indirectamente se legitima.
- El nuevo texto introduce, también a imitación del catalán, una carta de derechos y deberes específicos, invadiendo así una materia reservada a la Constitución española y pretendiendo hacer de cada Estatuto de autonomía una microconstitución a medida de la clase política local. Nosotros creemos que los derechos de los territorios no están por encima de los derechos de las personas. Y creemos en la igualdad de derechos básicos entre todos los ciudadanos españoles, sin diferencias por razón de nacimiento o de vecindad.
- El Estatuto andaluz es tan intervencionista como el catalán, en la cultura, en la educación, en la economía, en la sociedad... fomentando hasta niveles asfixiantes la regulación burocrática de todo y sentando las bases para potenciar el ya preocupante clientelismo existente en esta comunidad. Se llega a extremos tan patéticos como recoger que la Junta de Andalucía tendrá competencia exclusiva hasta para regular el flamenco.
- El nuevo Estatuto andaluz blinda competencias propias, para que el Estado nada tenga que decir, pero ello no le impide establecer la participación autonómica en asuntos que son competencia del Estado (Unión Europea, obras públicas, Tribunal Constitucional...) bajo un curioso principio de "lo mío, mío; y lo de los demás, de todos. El texto propuesto abre una futura tensión permanente con el Estado y crea motivos de fricción con otras comunidades en asuntos tales como los recursos hidráulicos.
- Como en el caso catalán, se rompe la multilateralidad consagrada constitucionalmente y se establece en muchas materias una bilateralidad entre la Junta de Andalucía y el Estado español, particularmente preocupante en asuntos financieros. Siguiendo una práctica que ya hemos criticado en un comentario en esta misma web, se blinda la inversión estatal en Andalucía, con un criterio diferente al de otros estatutos, atando a los futuros Gobiernos y convirtiendo las decisiones del Estado en esta materia en un difícil rompecabezas.
- El Estatuto andaluz responde a una aventura de los políticos, a necesidades de corte partidista: en el caso de Chaves, presentarse como el padre de esta reforma y el defensor de la identidad andaluza, no quedarse atrás con respecto a los delirios de la clase política catalana; en el caso de Arenas, no ir de nuevo "a la contra y acabar con el complejo histórico que al centro-derecha le quedó con ocasión del acceso de Andalucía a la autonomía por la vía del artículo 151. Pero el nuevo Estatuto no atiende, ni por descontado resolverá, los verdaderos problemas de ciudadanos de a pie: la vivienda, el empleo, el desarrollo, la sanidad o la educación… esto es, la auténtica realidad que viven los andaluces, más allá de esa ficticia realidad nacional ideada por los políticos.
Por todos estos motivos y muchos más, creemos que los andaluces no deberían dejarse llevar por sus políticos y tienen una ocasión de plantarles cara y de hacerse oir.
Defender con convicción la identidad andaluza, sin inventos estrambóticos, es compatible con la apuesta por un proyecto común no nacionalista, con igualdad en derechos de las personas y con solidaridad entre los pueblos.
Falange Auténtica, por el futuro de Andalucía, por el futuro común de los pueblos de España, pide el NO en el referéndum del próximo 18 de febrero.
