Falange Auténtica manifiesta su oposición a la utilización del Anfiteatro Romano de Mérida para la organización del "World Padel Tour" y que requeriría la instalación de estructuras complejas de gran volumen, andamios, vallas, torretas y gradas supletorias, así como la propia pista de pádel, poniendo en riesgo la conservación del monumento, especialmente en áreas sensibles como el graderío y la fosa bestiaria, que soportaría gran parte de esta estructura.
Consideramos que las intenciones del Gobierno de Extremadura y del Ayuntamiento de Mérida supone anticipar un gravísimo incumplimiento de la legislación protectora del patrimonio histórico, en este caso sobre un Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento con el añadido de ser Patrimonio de la Humanidad, vulnerándose toda la legislación patrimonial estatal (Ley de 1985) y extremeña (Ley de 2008), así como las normas de utilización de espacios monumentales aprobadas por acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Consorcio “Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida”, de 9 de febrero de 2011, publicadas en el DOE del 22 de febrero de 2011.
Así mismo, mostramos nuestro total desacuerdo con las declaraciones de la Vicepresidente regional, Cristina Teniente, en las que justificaba la decisión afirmando que el “objetivo es dar mayor proyección mundial a este espacio” y que “el deporte, la cultura y el turismo, que va creciendo en la región por acciones controvertidas como éstas”. No sólo estamos ante una ilegalidad manifiesta, sino que tampoco encontramos motivos para situar el evento en el escenario elegido (podría realizarse en cualquier otro punto de la ciudad) ni se otorga ningún tipo de proyección al monumento (prácticamente la totalidad monumento quedará oculto al espectador por la propia instalación).
Desde Falange Auténtica rechazamos que la Administración Pública supedite el patrimonio a criterios de especulación y de mercantilización, permitiendo o alentando atentados contra el mismo bajo un paraguas de un mayor -y ficticio- progreso cultural y económico. Desgraciadamente encontramos situaciones similares donde a las Administraciones competentes sólo les interesa el patrimonio en cuanto de él se obtenga rentabilidad política y económica, incumpliendo o tergiversando, si es el caso, la propia ley cuando les conviene. No podemos estar más de acuerdo con el movimiento de rechazo popular surgido en los últimos días entorno a esta descabellada propuesta. La ciudadanía, verdadera titular del patrimonio histórico, se convierte una vez más en la garante del mismo en cuanto defiende su propio legado colectivo, asumiendo la función protectora del patrimonio cuando las administraciones competentes actúan exclusivamente bajo criterios de explotación económica, dejando de lado los valores monumentales y artísticos.
