Ante las votaciones que hoy se realizan en el Congreso de los diputados con respecto a los proyectos de los partidos separatistas catalanes, Falange Autentica quiere denunciar lo siguiente:
Por una parte, denunciamos el entreguismo que supone plegarse a tomar en consideración este planteamiento separatista. Estas son propuestas de resolución, auspiciadas por minorías decididas a romper de forma definitiva con el proyecto colectivo que nos ha venido uniendo, que nos une y que nos debe seguir uniendo bajo el marco de una cada vez más menoscabada "igualdad de derechos". Ese proyecto que nos une no es otra cosa que España, que es lo que los grupos separatistas pretenden tener derecho legal a disolver, pretendiendo que este derecho sea otorgado, nada menos, que por el Parlamento español . Dichas resoluciones, de acuerdo con las Leyes, son delictivas, y por ello, no debería ser aceptada su presentación ante los miembros del poder legislativo, que no son quienes para votar a favor o en contra de que legalmente, se permita delinquir.
También rechazamos, frontalmente, la perniciosa utilización del lenguaje, que permite disfrazar las votaciones del día de hoy, como si fueran una cuestión de saber si se permite o no el derecho a decidir, cuando en realidad lo que se plantea es si se permite o no, que una minoría separatista, decida sobre lo que es competencia de todos y cada uno de los españoles.
En atención a la razón y en un simple intento de presentar las mociones de los grupos separatistas con cierto realismo, estas deberían ser mostradas como lo que son: una solicitud descarada de legalización de un delito, puesto que de ninguna otra manera puede ser definido el referéndum que plantean CiU y Esquerra Republicana, que pretende hurtar al pueblo español su soberanía y legalizar que una parte de los españoles pueda tomar decisiones sobre una materia que es competencia del todos los españoles.
Es inaceptable que los poderes públicos que deben velar por la unidad de nuestra nación única, sean capaces de hacer tal dejación de su obligación de asegurar la igualdad de derechos de todos los españoles y de entregar a las generaciones venideras, un proyecto de vida en común, en las mejores condiciones posibles y no disgregado en los proyectos egoístas de varios estados independientes.
