Las propuestas restrictivas respecto a la inmigración han sido el caballo de batalla de la derecha radical europea desde los ya lejanos días de Jean-Marie Le Pen. Con una insistencia más o menos acusada según los entables del momento, el rechazo a la llegada masiva de extranjeros ha supuesto para las siglas de esa órbita un fecundo caladero de votos en toda Europa que parece destinado a crecer. A despecho de los partidos hegemónicos tradicionales, la inmigración preocupa seriamente a un porcentaje significativo de votantes europeos que depositan sus papeletas electorales acuciados por una realidad social que perciben con temor e indignación en las calles.
Temor, porque los datos se pueden exponer de tal manera que muestren una vinculación causal entre el aumento de inmigrantes y el aumento de la delincuencia común. Indignación, porque cunde la especie del inmigrante consumidor compulsivo de servicios sociales y receptor ocioso de millones de euros, en forma de ayudas y subsidios, que le permita vivir de la sopa boba y hasta por encima del sufrido trabajador pagador de impuestos.
