Amplios sectores de la sociedad española insisten en considerar una actitud progresista la defensa del derecho al aborto. Y dentro de dicha defensa, el grado de modernidad parece incrementarse a medida que se eliminan barreras para el ejercicio de ese derecho y se adopta, cada vez más, la postura de que un embarazo es algo así como un juanete, que a cualquiera le sale en un pie y que si quirúrgicamente puede eliminarse, ¿por qué no evitar la molestia que supone?

Por otro lado la defensa de posturas contra el aborto o, dicho de otra manera, a favor de buscar soluciones a los embarazos no deseados, ajenas a la interrupción de la gestación de un ser humano, parece haberse convertido en materia que solo las más arcaicas derechas o los sectores más cerrados del integrismo religioso están dispuestos a defender.

Es preciso romper esta imagen interesada propiciada por los intereses políticos de muchos, entre ellos el partido que ocupa el gobierno de España. Matar no es progresista y defender que en este mundo no sobra ni un solo ser humano no es ni mucho menos una característica política de la reacción o de la derecha ultramontana.

Juan Francisco Martín Seco en Público

En el pasado solía ser una de las reivindicaciones de la izquierda. Conviene recordar que en 1976, en la escuela de verano del PSOE, Miguel Boyer, que seis años más tarde sería superministro de Economía y Hacienda, se pronunciaba a favor de la nacionalización de la banca. Eran los últimos coletazos de una ideología de izquierdas que quedaría sepultada bajo el tsunami del pensamiento único, pensamiento único que, sin aportar razones, exclusivamente a través de la descalificación y colgando el cartel de desfasado a quien osase contravenir sus dictámenes, condenaba todo lo público y ensalzaba lo privado.
Con la llegada del PSOE al Gobierno, no sólo no se nacionalizó la banca, sino que innumerables entidades financieras, tras ser saneadas con dinero público, fueron devueltas al sector privado.

Si de lo que se trata es de defender la justicia social y favorecer medidas que igualen en derechos a todos los miembros de la sociedad, Falange Auténtica estará siempre en primera fila. Y no escatimará sus apoyos a todas aquellas iniciativas que proviniendo de donde sea, quieran favorecer estos dos objetivos: lucha por la justicia social e igualdad de derechos de todos los trabajadores.

Por eso, ante las históricas peticiones de atención por parte del Estado de ese gran sector de la sociedad que son los autónomos, no podemos sino sumarnos al justo clamor. Es preciso atender las demandas que llevan años reivindicando coberturas y protecciones que las administraciones deben asegurar a este sector, primordial en nuestra sociedad. Un sector con un dinamismo económico y una capacidad de creación de empleo, imprescindibles para el incremento de la renta nacional, es decir, para el mantenimiento saludable y rentable la actividad económica de nuestro país. Una renta sostenida en mayor medida por las PYMES y los autónomos, que por las grandes entidades trasnacionales, que paradójicamente, suelen resultar más beneficiadas por las acciones del Gobierno.

Los resultados de las recientes elecciones regionales vascas han originado una situación nueva con la pérdida de la mayoría parlamentaria de los partidos nacionalistas y la posibilidad de que las fuerzas "constitucionalistas puedan formar gobierno en esa comunidad.

No se nos oculta que la situación en el País Vasco es una anomalía que dura ya demasiados años. Con más de mil muertos por la banda asesina ETA, doscientos cincuenta mil exiliados a otras partes del territorio nacional y con la totalidad de cargos públicos no nacionalistas protegidos por escolta, podemos afirmar que estamos ante el único territorio de la Unión Europea donde existe una democracia formal pero no real, sobre todo por la impunidad con la que se han movido quienes pretenden imponer un ridículo y totalitario modelo de sociedad basada en el nacionalismo identitario y el socialismo marxista. Pero lo más grave es que quienes actúan de esa manera lo han hecho durante los últimos treinta años amparados en la tibieza, cuando no complicidad, de los sucesivos ejecutivos autonómicos con quienes coinciden en el objetivo independentista y la dejación de sus funciones y falta de contundencia a la hora de afrontar el problema en toda su magnitud de los gobiernos de España.