En los almanaques, el Debate sobre el Estado de la Nación debería hacerse coincidir con el sorteo de la lotería de Navidad. Los paralelismos entre ambas citas anuales así lo recomiendan. En lo que supone de tregua a las penalidades cotidianas, el interés del público no transciende del “premio gordo” dispensado por la diosa Fortuna o por la “sensibilidad social” de los gestores de lo público, según el caso.
En el sorteo celebrado en el Congreso de los Diputados el pasado 25 de febrero, la mano provisoria del presidente Rajoy se abrió en forma de medidas fiscales para corregir la tendencia de los empresarios españoles a suscribir contratos de muy escasa duración.
La influencia de la reforma laboral sobre el mercado de trabajo español ha sido profundísima y evidente: precarización del empleo y abaratamiento del despido. En paralelo, ha cosechado las loas de sus principales promotores y de sus inevitables coros de aduladores, de dentro y de fuera. Estas hipotéticas bondades de la reforma subyacen, como “prueba del nueve”, en todo el discurso triunfalista de Rajoy.
Extraña, en consecuencia, esta compensación de los efectos pretendidamente benéficos de la precariedad laboral con medidas fiscales inéditas.
El discurso público insiste en vincular la brutal transformación de nuestro mercado de trabajo con los albores de una recuperación económica. Imperceptible, por lo demás. Pero no se aprecia su contradicción con la medida de gracia que se acaba de anunciar. Al parecer, se pretende ahora la creación de empleo estable; justamente: paliar el principal efecto práctico de nuestra “dolorosa aunque necesaria” reforma laboral.
En la resolución de este absurdo, resultaría ingenuo el pronóstico de un cambio en la política laboral de Rajoy. Las causas del anuncio se hallan en otras latitudes: en la más que previsible sangría electoral del PP, por ejemplo. Pesa sin duda en el ánimo del Gobierno la reducción del 40% en la intención de voto a su partido que manifiestan los últimos sondeos. Todo intento por asociar la medida a la ideología intrínseca del PP o al estilo de su acción de gobierno durante este nuevo bienio negro denotaría un grave cuadro de esquizofrenia política.
No existe otra explicación plausible para la generosa “tarifa plana de cien euros de cotización a la Seguridad Social para las empresas” que la necesidad de dotar a la imagen del Gobierno de una cierta apariencia de empatía con sus sufridos administrados. No, al menos, para aquellos a quienes los árboles les impiden ver el bosque, y les pasan desapercibidas las auténticas razones de fondo.
¿Cuestiona ahora el presidente del Gobierno los efectos de su política en materia de empleo? Todo lo contrario. Cabe sospechar que la gentil dádiva del Gobierno viene a dar -en realidad- una nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral, en lugar de pretender paliar algunas de sus consecuencias perversas.
Como ya han sugerido, con carácter de urgencia, algunos medios críticos con la iniciativa: (Fuente:http://laboro-spain.blogspot.co.uk/2014/02/tarifa-plana-100-euros-cotizaciones.html)
- Es una medida lesiva para la calidad del empleo. La concesión de las deducciones lleva implícito el aumento de plantilla. Bajo esta excusa, se puede sustituir a un trabajador indefinido por dos trabajadores temporales, repartiéndose el salario del primero. Los beneficios fiscales obtenidos gracias a la nueva medida permitirán, sobradamente, sufragar el despido del primero. Sin olvidar que, ya a día de hoy, los nuevos contratos indefinidos contemplan el despido libre y gratuito durante el primer año.
- Es una medida desproporcionada. Todo trabajador cuyo salario superara 18.897,64 euros anuales pagaría más cotizaciones a la Seguridad Social que la empresa en la que trabaja.
- Es una medida que puede resultar lesiva para los derechos adquiridos de los trabajadores, en caso de que también afecte a la base de cotización. La percepción por desempleo, incapacidad laboral y jubilación se encuentran directamente referenciadas a dicha base.
- Es una medida lineal. La empresa reduce cotizaciones con independencia de la categoría laboral del trabajador contratado. Ahora, habrá de pagar lo mismo por un alto ejecutivo que por un obrero manual. No parece una medida progresiva ni justa.
Todo un regalo envenenado, éste del Sr. Mariano Rajoy.
Falange Auténtica
