Por Miguel Hedilla
publicado en La Tribuna de España
Nos escandaliza, y con razón, el independentismo catalán, sus esfuerzos por lograr sus objetivos y, de momento, la incapacidad, dejadez e incompetencia de los partidos nacionales para elaborar un proyecto claro, contundente y eficaz para españolizar Cataluña, pero por mucho que así sea, que lo es, no implica que ello sea el único problema, quizás uno de los mas importantes, pero no el único.
De acuerdo con los datos del año 2017, el 6,4% de la población, más de 2,9 millones de personas, viven en pobreza severa -hogares cuyo total de ingresos por unidad de consumo es inferior a 342 € al mes-. Y el 2,1% de la población, 1.025.736 personas, sufre empleo de baja intensidad, penuria y privación material, viviendo en la peor situación económica y social posible.
El número de parados que había, según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, a finales del segundo trimestre de este año, era de 3.490.000, lo que supone una tasa de paro del 15,28 % de la población activa.
El empleo juvenil no es tampoco muy alentador. Para jóvenes de entre 16 y 24 años la tasa de paro fue del 37,5 %. En los jóvenes de hasta 29 años del 28,2 %, y con relación al desempleo de larga duración la tasa fue del 27,2 %, todo ello de acuerdo con el informe del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, referido a los jóvenes y el mercado de trabajo en el periodo que va desde el 1 de octubre de 2017 hasta finales de febrero de 2018.
Sin embargo y a pesar de estos datos dicen los expertos que España necesitará hasta el año 2050 la llegada de más de 7.000.000 emigrantes. No me cuadra esa cifra en comparación con el número de parados existentes y por haber.
Las pensiones mínimas en 2018 son evidentemente insuficientes, ya que sus cuantías hacen más que difícil el vivir diario de sus perceptores, que en una mayoría de casos no pueden llegar a fin de mes, si no fuese porque disponen de otros medios o les ayudan sus familiares, lo cual no ocurre siempre ni en todos los casos.
Sus cuantías van desde 380,10 € mes las no contributivas, a 623,40 € las contributivas para mayores de 65 años sin cónyuge a cargo, pasando por 497,60 € la de viudedad.
Es obvio que la Justicia Social, es decir el reparto equitativo de los bienes, sigue siendo una asignatura pendiente, y parece que permanente, en España. Naturalmente si lo comparamos con países en situaciones político-económicas peores a las nuestras, somos unos privilegiados, pero no debería esta cuestión ser ignorada por una sociedad desarrollada y moderna. Y sin embargo es lo que pasa, se mira para otro lado. Y ello también me escandaliza pues se trata de un auténtico drama para muchísimos de nuestros compatriotas.
Leemos, y a veces ni eso, las cifras de pobreza y paro, pero pasamos página y poco se hace por la mayoría al respecto.
En los países de nuestro entorno las aventuras revolucionarias han pasado a la historia. Los más desfavorecidos ya no quieren hacer revolución alguna, quieren vivir mejor…. y quieren tener mejores televisores y neveras, vaqueros, coches, casas, etc… y, lo curioso de todo ello, por llamarlo de alguna manera, es que es legítimo y humano. Quieren ser como mínimo parte de la clase media.
Pero también es legítimo el ser revolucionario, aunque no esté de moda, pero de otra manera, desde luego no a la vieja usanza.
Y no hay que confundir revolución ni con revuelta, ni con desorden, ni con violencia.
La revolución ha de consistir en querer cambiar las cosas, y querer hacerlo para bien, para mejorar y para disponer de una vida digna, y dirigida a todos pero fundamentalmente para los más desfavorecidos.Ardua tarea, probablemente quimérica, pero no por ello en el corazón y el alma de cada revolucionario ha de decaer o devenir en imposible, porque ello es fundamentalmente una alta tarea moral. Siempre hay un grano de arena que aportar. Siempre hay que luchar, aunque solo sea por uno, para que los trabajadores amen a España, y difícilmente lo harán si antes España les abandona. Debemos reivindicar aquel viejo slogan falangista de que solo haya una nobleza la del trabajo.
Un amigo me envió recientemente la foto de una pintada hecha en una calle cualquiera, decía: INSISTIR, PERSISTIR, RESISTIR Y NUNCA DESISTIR. Pues eso…
No pretendo el que todos seamos iguales. No lo somos. No soy igualitarista, pero lo revolucionario consiste, ente otras cosas, en la igualdad real de derechos, de oportunidades, de posibilidades de desarrollo, de esfuerzo, teniendo el Estado la obligación de satisfacer las necesidades de quienes habiéndose esforzado no pueden satisfacer dignamente sus necesidades. Y no cuento entre estos a los vagos y profesionales de las ayudas y subvenciones. Sin quieren ayudas que presten servicios sociales y públicos al Estado. Y si ello es imposible -porque la ley lo impide- hay que cambiar la ley.
Las constituciones democráticas, incluida la nuestra, son muy dadas a hacer rimbombantes declaraciones de derechos. A la educación, a la propiedad privada, al trabajo, a la salud, a la vivienda, etc. etc…, sin embargo su efectividad es en muchos casos dudosa. La confirmación que no ya de la duda, de la ausencia de verdad, la encontramos en el artículo 14 de la Constitución Española, que dice: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Si no fuera por lo serio del tema, el indicado artículo constitucional provocaría risas. Es una solemne mentira. Hay unos más iguales que otros y esa falta de igualdad ante la ley viene dada, principalmente, por la falta de medios económicos, en definitiva de justicia social, que todo lo condiciona.
El liberalismo tiene eso, es muy atractivo de palabra, pero desatiende, o en el mejor de los casos mal atiende, las situaciones de necesidad y pobreza. Los estados modernos liberales, es cierto que han creado mecanismos para de alguna manera paliar esas situaciones de precariedad, pero la realidad es que son insuficientes y, lo que es más grave, en situaciones de crisis, los gobiernos recortan esas partidas y dotaciones supliéndolos con fórmulas que perjudican siempre a los más débiles. Un ejemplo de ello es el copago sanitario.
Quien tiene rentas más que suficientes ni siquiera se plantea ese copago. No va a por recetas al centro de salud, ni siquiera va al médico de cabecera del centro de salud, acude a uno privado que le receta, y en la farmacia compra el medicamento lo paga y punto.
¿Me pregunto porque siempre se recorta a los mismos y nunca se plantean otras alternativas?
Tenemos en España una duplicidad de cargos políticas y una barbaridad de asesores, todos ellos con grandes salarios. Los gobiernos no luchan eficazmente contra la corrupción, tan solo los jueces, y en la medida de sus posibilidades y medios hacen algo. Hay que tener en cuenta que las cifras de corrupción desde el advenimiento de la democracia hasta 2016, en un total de 175 casos ya cerrados y sin contar los que están por cerrar, alcanza la nada despreciable cifra de 7.500 millones de euros, y si incluimos el coste de las ayudas a la banca consecuencia de su reciente crisis, la cifra, según datos del Banco de España, se dispara hasta los 60.000 millones de euros.
La banca es un claro ejemplo de a quien nunca se recorta y siempre se ayuda, encontrando en todas las ocasiones argumentos para justificarlo, como por ejemplo el que está en riesgo el sistema financiero, hecho rotundamente falso.
La mala gestión y falta de planificación, la ausencia de un control eficaz del gasto, son asuntos que habría que mirar de otra manera, y desde luego cambiando y reordenándolo todo.
A veces ocurren auténticos disparates económicos.
Me viene a la cabeza la construcción para la armada española del submarino S80 plus. ¡Ahí se han lucido!
Primero y dado que no flotaba tuvieron que aumentar en 10 metros su eslora y en 800 toneladas su desplazamiento, y ahora con sus nuevas dimensiones no cabe en sus puntos de atraque de la base naval de Cartagena.
Y eso que, teóricamente, se trata de un magnifico submarino. Sin embargo las chapuzas continuadas han elevado el coste del proyecto en miles de millones de euros.
¿Cuántos casos habrá como este, o parecidos, que desconocemos?