Por Pedro Miguel López Pérez, Sociólogo.
Con frecuencia, a veces más de la deseada, oímos a alguien que afirma que la universidad ha perdido el norte, que se ha convertido en poco más que una fábrica de parados y que su utilidad para la sociedad actual es más bien escasa. Independientemente de que dichos comentarios me parezcan desafortunados, no es menos cierto que la universidad, en no pocas ocasiones perdida en debates y luchas políticas ajenas a la propia universidad, ha dado pié a que esos sentimientos se hayan propagado. Sin embargo, otras veces la institución universitaria demuestra una agilidad fuera de toda duda, adelantándose incluso a determinados debates sociales. Así ha ocurrido en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), donde recientemente se ha celebrado un curso titulado "La reforma del subsidio agrario. Una perspectiva socioeconómica.
El subsidio agrario, regulado por el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS), es un tema de "rabiosa actualidad, de gran relevancia social y económica, que está suscitando enconados debates y que hasta la fecha había recibido un escasísimo tratamiento académico. Motivo por el que hay que felicitar a la UNIA y al director del mencionado curso, profesor José Manuel Cansino, quienes haciendo gala de una gran sensibilidad social reunieron a economistas, sociólogos, investigadores y agentes sociales para analizar la reciente reforma del sistema de protección por desempleo, a la luz de los datos socioeconómicos disponibles, y debatir propuestas alternativas en el contexto actual del sector agroalimentario en Andalucía y Extremadura.
Hace escasos meses el mismo profesor Cansino afirmaba que "en el caso del subsidio agrario la falta de rigurosidad está alcanzando, en algunos casos, niveles que deben ruborizar a más de uno a juzgar por la falta de respeto que supone ofrecer a los ciudadanos razonamientos falaces. Se refería a la confusión existente entre el PER y el subsidio agrario. Entonces, días antes de la huelga general del 20-J, igual que hoy se habla de la reforma del PER, cuando lo que se pretende reformar desde el gobierno es el subsidio agrario. Se trata, éste último, de una prestación asistencial del REASS, mientras que el PER (Plan de Empleo Rural), que en 1996 cambió su denominación por la de AEPSA (Acuerdo Económico para la Protección Social Agraria), es un programa de inversiones.
Naturalmente que entre el PER y el subsidio agrario existe una ligazón, pero ambas actuaciones públicas son de naturaleza diferente. El subsidio agrario es una prestación no contributiva a la que pueden tener acceso los trabajadores eventuales agrarios con residencia en algún municipio de Extremadura o Andalucía. Su regulación comenzó en 1983 y su aplicación en 1984. La limitación geográfica de esta cobertura, como bien recuerda el profesor Cansino, no fue, ni entonces ni ahora, pacífica.
Por su parte, el antiguo PER consiste en unos fondos que con carácter anual aprueba el INEM y que gestionan los ayuntamientos andaluces y extremeños, los cuales han de destinarlos obligatoriamente a la realización de obras de infraestructura.
El vínculo entre el subsidio agrario y el PER aparece de la mano de uno de los requisitos legales para acceder al cobro del subsidio: la justificación, por parte del beneficiario, de haber trabajado al menos 35 peonadas en el año anterior al cobro de la prestación. Cuando un trabajador agrario no puede alcanzar ese número de jornadas puede buscar empleo en las obras financiadas con fondos del PER. Para ello deberá dirigirse a su Ayuntamiento correspondiendo a la autoridad municipal sobre su contratación. Las jornadas trabajadas "en el PER más las trabajadas "en el campo permitirán al trabajador acceder al subsidio agrario. Se trata, en palabras del profesor Mora Aliseda, de "un subsidio de vida durante las largas temporadas en las que el campo no da ocupación alguna, puesto que las faenas suelen concentrarse en determinados períodos. Por ello, según el propio Mora Aliseda, no debería hablarse de paro sino de "subempleo agrario con precariedad laboral y fuerte estacionalidad.
Conviene recordar que el subsidio agrario es inferior al salario mínimo interprofesional (hoy el PER es sólo el 75% del SMI), con lo que no llega a cubrir dignamente las necesidades más esenciales, menos aún si el perceptor tiene familia a cargo. Igualmente debemos recordar que el PER o AEPSA es producto de una política discriminatoria hacia Extremadura y Andalucía, pues en realidad lo que se hizo durante los años ochenta fue una "reconversión agraria a la baja; cuando en el resto de España se hacía una reconversión industrial, a través de las Zonas de Urgente Reindustrialización, donde a los mineros, los trabajadores de la siderurgia y la metalurgia se les jubiló anticipadamente con pensiones que igualaban o superaban su salario de partida, ya de por sí elevado en relación con los de la agricultura.
En cuanto al fraude en el cobro del subsidio agrario, se trata de algo que parece innegable. Ha existido fraude para cobrar las peonadas, tanto por parte de los jornaleros como de los empresarios, pero es que el PER, hasta hace dos años, prácticamente obligaba a ello, puesto que no permitía que los obreros trabajasen fuera de su núcleo de residencia y que tampoco superasen las peonadas establecidas, porque entonces perdía el derecho al cobro. Así mismo, no todas las áreas de secano tienen oferta de trabajo como para superar las peonadas mínimas. Ante esta tesitura, y considerando las deficientes rentas anuales, los jornaleros no tenían más remedio que hacer cuanto podían para sobrevivir y mantener a sus familias. Contando, algunas veces con la connivencia de los alcaldes que en ocasiones eran sensibles a esta delicada realidad. Aunque en otras, los alcaldes, convertidos gracias al PER en grandes empleadores, utilizaban dicho plan como generador de clientelas electorales. Esto es lo que se dio en llamar "voto cautivo.
Por todo ello, más que de fraude, que sin duda ha existido y que debe perseguirse, hablaríamos de complementos para la subsistencia, ya que en la práctica el subsidio agrario funciona como un programa público de lucha contra la pobreza, en lugar de cómo un programa de sustitución de rentas (naturaleza de todos los programas de cobertura por desempleo).
Muy probablemente una buena parte de la sociedad, aunque me atrevería a afirmar que se trata de quienes desconocen la realidad del mundo rural (aquí, en vista de sus acciones, deberíamos incluir al gobierno del señor Aznar) entiende injusto que familias enteras obtengan notables ingresos del cobro del subsidio agrario. Pero no nos engañemos, porque, en primer lugar, también se percibe como injusto el bajo nivel de renta del medio rural en mitad de una sociedad opulenta, y en segundo término, porque el importe total del PER supone una cantidad ínfima comparada con las subvenciones de la Política Agraria Común (PAC), acaparadas mayoritariamente por los latifundistas, o con los Incentivos Regionales que reciben las empresas.
El problema de fondo, como bien señalaba Mora Aliseda, reside en que "durante años se ha utilizado esta masa obrera con fines espurios, como sumisión a las élites, como voto cautivo o como punto de crítica hacia unas regiones (Andalucía y Extremadura) que no progresan al ritmo adecuado. Parece evidente que no se ha hecho lo necesario por sacar a este grupo humano de la humillación y el olvido, pues sin formación y cualificación no tienen "nicho laboral en una sociedad cada vez más terciarizada.
"Si se suprime el PER habrá que establecer nuevos mecanismos para la supervivencia de un colectivo con unas peculiaridades específicas (históricas, geográficas y laborales) que de otro modo estaría condenado a la indigencia. De dichos mecanismos nos ocuparemos próximamente.
