Teóricamente, y así debería de ser en la práctica, el Tribunal Constitucional es el garante de la legalidad constitucional de las propias leyes, es decir, de su adecuación a la misma o, dicho de otra manera, de que lo dispuesto en las leyes de inferior rango, que son todas las demás, no sea contrario ni vulnere la normativa constitucional.
También teóricamente, y así debería de ser en la práctica, el Tribunal Constitucional, al igual que el resto de los Tribunales, ha de ser independiente y sometido exclusivamente al imperio de la ley, al margen de mediatizaciones del tipo que sean.
En concreto el Tribunal Constitucional tiene como competencias, primero el conocer acerca del recurso de inconstitucionalidad, o lo que es lo mismo declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley; en segundo lugar, solventar los recursos de amparo que se le presenten por presunta violación de los derechos y libertades constitucionales; por último, resolver los posibles conflictos de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y de estas entre sí.
Sin embargo, y ésta es una de las maldades del sistema, los intereses partidistas lo mediatizan todo. El resultado de ello es que los magistrados constitucionales están donde están no sólo por su condición de juristas de reconocido prestigio, con más de 15 años de ejercicio profesional, sino porque responden a posiciones políticas determinadas y, de alguna manera, porque siguen las instrucciones de los partidos, que son los auténticos amos de la vida política.
Que nadie nos mal interprete, FA es una organización democrática y no quiere "cargarse el sistema, desea mejorarlo y profundizar en democracia, por eso nuestras posturas van encaminadas a corregir lo que entendemos malo, perverso o/y corrupto, proponiendo a su vez alternativas a lo existente. Siempre con el fin de ampliar y mejorar el sistema democrático, de hacerlo verdaderamente democrático. A nuestro saber y entender eso pasa por variar el equívoco papel de los partidos, a los que habría que atribuirles otro, dado el incuestionable derecho de asociación y difusión de ideas que tenemos todas las personas. Pero eso es otro tema.
Y mal, muy mal, está todo lo relativo a la independencia, funcionamiento y gobierno de los jueces y magistrados, y por añadidura lo relativo al Tribunal Constitucional. Y eso, también es otro tema.
El Tribunal Constitucional está compuesto por 12 Magistrados, seis de "origen socialista y seis de la derecha liberal–conservadora. El Presidente, en estos momentos mujer, proviene del sector socialista y, como tiene voto de calidad, en caso de empate inclina la balanza hacia los intereses del PSOE. Y éste es el "quid de la cuestión. Con la totalidad de los Magistrados actuales, el PSOE controla el Tribunal Constitucional.
Se encuentran pendientes de resolver varios recursos contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña –del PP, del Defensor del Pueblo y de otras Comunidades Autónomas-, originados por su posible inconstitucionalidad. El Estatuto era y es uno de los ejes de la política del Presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero, que no puede permitirse más fracasos. Estando así las cosas, el PP ha dirigido un torpedo a la línea de flotación del gobierno socialista, y lo ha hecho a través de los magistrados que le son afines. Ha aprovechado el dictamen que hizo en su día uno de los magistrados constitucionales (que entonces no lo era), en concreto Pablo Pérez Tremps, que informó favorablemente, y cobró por ello 6.000,00 € de la Generalitat de Cataluña, acerca la constitucionalidad de varios puntos del Estatuto.
¿Cómo ha hecho esto el PP? ¿En qué consiste su maniobra? En recusar al magistrado Pérez Tremps, es decir, apartarle de la decisión sobre la constitucionalidad o no del Estatuto de Cataluña, que ha sido planteada en los recursos pendientes de resolución.
Tanto para la propia recusación, como para resolver los recursos, ya no ha estado presente, ni estará, el magistrado Pérez Tremps. En consecuencia los magistrados del PP están en mayoría, son seis contra cinco y, de acuerdo a ello, el Estatuto de Autonomía de Cataluña tendría sus días contados.
Pero -siempre hay un pero para todo- el Gobierno se guarda un as en la manga que, en mi opinión, va a utilizar. Si el magistrado Pérez Tremps dimite, y le estarán presionando para ello, Rodríguez Zapatero podrá nombrarle un sustituto y éste seguro que no va a ser "partidario del PP ni de sus tesis. En el artículo 159 de la Constitución Española, encontraréis de dónde salen los magistrados, quién los propone y quién los nombra. Cuatro los propone el Congreso, otros cuatro el Senado, en ambos casos por mayoría de 3/5 de sus miembros, dos el Gobierno y dos el Consejo General del Poder Judicial. Aclaro que el sustituto de Pérez Tremps, nombrado a propuesta del Gobierno, tiene que salir también del Gobierno. Y el que los nombra formalmente es el Rey.
Claro que el PP también tiene su plan B -siempre hay un plan B para todo-. ¿Cuál es en este caso? El Presidente actual del Tribunal Constitucional termina su mandato dentro de escasos meses y el PP utilizará este hecho para impedir el nombramiento de su sustituto.
¡Qué cosas tienen los partidos!
A título personal, y al margen de identificaciones políticas y partidismos -pues quien me conoce sabe de qué pie cojeo-, creo firmemente que la actuación de los Magistrados afines al PP ha sido un auténtico acto de servicio a España. Por desgracia, la actual dirección del PSOE, en contra de sus propios principios y del sentir de muchos de sus afiliados y votantes, encamina su acción política, sin prisa pero sin pausa, hacia la desintegración de la nación española, amén de otras barbaridades.
Indio
