La Sección 7ª de lo Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Nacional ha decido entregar a la Generalidad de Cataluña los papeles de origen catalán del Archivo General de la Guerra Civil que ésta, con el apoyo del Gobierno Central, reclama como propios, levantando así la medida cautelarísima contra dicho traslado que la propia Audiencia estableció a instancias del Ayuntamiento de Salamanca. Finaliza de momento la pugna jurídica por privar al Archivo de uno de sus elementos, a la espera de que se sustancie el recurso interpuesto para evitarlo por la corporación castellana.
Pero todo este asunto va más allá del debate técnico acerca de la utilidad de dividir un archivo, o humano sobre si debe primar el factor sentimental de devolver a sus legítimos propietarios los legajos de un archivo histórico, contrariando las pautas de la moderna archivística.
Si imperase el segundo criterio estaríamos ante un referente fatal para los numerosos museos, archivos y bibliotecas que afortunadamente pueblan nuestra geografía. Y aludimos bien a nuestra geografía hispana porque este tipo de trifulcas serían impensables en otros países de nuestro entorno (se imaginan lo que acontecería con el prestigioso Museo Británico, que de tal casi tiene el nombre). Pero en esto, también España es diferente y presas de un voraz revisionismo, nuestras autoridades locales (de todos los niveles) se han lanzado ya a reclamar para sus territorios cualquier obra artística o histórica elaborada o inicialmente propiedad de alguno de sus nativos que se hallen en otra parte del suelo patrio. Y esto no ha hecho más que empezar, porque cuando el precedente traspase nuestras fronteras (ya hay irresponsables al frente de algunas repúblicas iberoamericanas que amenazan con exigir a España su "deuda histórica), las reclamaciones contra toda obra o pieza de origen foráneo puede obligarnos a cerrar algunos centros por falta de material (sólo por citar a algunos, el Archivo de Indias o el Museo del Prado).
Pero esta voracidad irresponsable no hay que circunscribirla únicamente a la redistribución territorial del patrimonio cultural de España, es otra consecuencia de lo que un gobierno presidido por un mediocre irresponsable es capaz de ceder ante las presiones de quienes lo sustentan en el poder, que no son otros sino unos partidos independentistas que tienen en sus programas el objetivo claro de romper España, quebrando para ello la unidad y solidaridad entre los españoles. Tales objetivos (legales aunque repugnantes) no deberían ser sino la nota exótica que se da en el Parlamento cada vez que hay un debate. Lo grave, lo realmente trágico en todo este sainete, es que dichas minorías condicionen la política del que debería ser el Gobierno de la Nación para todos los españoles y su arrogancia chulesca empiece con el despiece de un archivo y termine con el de toda la Nación.
Metadono
