La decisión de anular la denominada “doctrina parot” por parte del tribunal europeo de derechos humanos no fue más que la validación de los despropósitos que, en materia penal, la casta política corrupta ha venido perpetrando en España durante los últimos 35 años.
Hasta la entrada en vigor del Código Penal de 1995, estuvo vigente el código franquista de 1973 que, curiosamente, era más benévolo con la reducción de penas a los delincuentes, ya que los delitos de asesinato y terrorismo se castigaban con la de muerte y, por tanto, no cabía la redención… Al derogarse la pena capital en los inicios de la transición democrática, esto no se acompañó de un endurecimiento de las penas para estos tipos delictivos ni de las condiciones en el cumplimiento de las mismas.
El nuevo código de 1995, llamado de la democracia, aprobado cuando entre la UCD y el PSOE llevaban ya 18 años gobernando, incide en la consideración de los delincuentes como víctimas de la sociedad y la praxis judicial de tratar a los asesinos de ETA como una especie de hermanos descarriados a los que no se tardaría en sentar a la mesa de negociación. Y no es hasta el 2º mandato de Aznar cuando se endurecen las penas y la legislación penitenciaria en asuntos como la redención para determinados delitos, como por ejemplo los de terrorismo. Por cierto, con la oposición de los nacionalistas y parte de la izquierda cuyos fundamentos ideológicos coinciden con los etarras.
Para mitigar esta dejación de los legisladores, los jueces españoles idearon la llamada “doctrina Parot”, gracias a la cual los asesinos no salieron antes de prisión.
Ahora toca valorar quienes son los verdaderos culpables de que estos criminales estén pronto en la calle como Inés del Río. Unos por dejación y otros por prejuicios progres, nos han traído hasta aquí, por lo que no deberíamos cargar con todas las culpas a los jueces de Estrasburgo, por cierto condicionados por la actitud del único, e izquierdista, juez español de ese tribunal.
El deterioro, económico, moral y político, de nuestra Patria es palpable, y ahora se ve acrecentado por la humillación de unas víctimas que van a ver en la calle a los causantes de sus desgracias y que, en una democracia asentada y seria no hubiesen tenido tanta suerte, porque si algún cargo público hubiere propiciado una situación como la que aquí vivimos, probablemente acabaría también respondiendo ante un tribunal penal.
Ni siquiera soy partidario de la cadena perpetua, pero si de una pena máxima de 40 años sin beneficio penitenciario alguno para terroristas, criminales sexuales, narcos, corruptores de menores o asesinos. La grandeza de una democracia se basa en su fortaleza para proteger a los ciudadanos.
Potasio
