El impuesto de Sucesiones y Donaciones enfrenta las incongruencias del sistema. Pone en tela de juicio la igualdad de los españoles y el sistema de representación territorial. Todo ello sin entrar en el debate primordial, ¿por qué tributamos por un bien sobre el que ya se ha tributado, y sobre el que debemos seguir tributando mientras lo conservemos? ¿Por qué pagamos tres veces? ¿Es justo? ¿o sólo es necesario para mantener una administración estatal que se muestra inoperante y que se ha hecho endémica?
La armonización fiscal, es decir, pagar por heredar bienes sobre los que ya ha cotizado la persona que los dona, se ha convertido en el caballo de batalla de la última reunión de presidentes de Comunidades Autónomas.
Los españoles, en teoría iguales ante la ley, según nuestra carta magna, sufrimos sustanciales diferencias en el pago del impuesto de Sucesiones y Donaciones, atendiendo al territorio en que vivimos, tributamos o recibimos la herencia, y dependiendo del partido político que gobierne.
A parte el debate y análisis sobre la equidad del impuesto, en boca y mente de una gran mayoría de españoles, después de que se hayan dado múltiples casos en los que los herederos han tenido que renunciar a la herencia, la reunión ha puesto sobre la mesa múltiples incongruencias que enfrentan al sistema con sus sombras.
Desigualdad según el territorio
Andalucía y Cataluña arremeten contra Madrid acusándola de llevar a cabo dumping fiscal, en concreto de patrimonios. Cataluña se queja, además, de provocar una estampida de empresas dirección Madrid, ya que también otros impuestos como el IRPF son más bajos.
El Gobierno de Rajoy, siguiendo su política pusilánime de: “donde dije digo, digo Diego”, una política de consenso que les permita aprobar los presupuestos y mantener sus privilegios, elude posicionarse y, aun así, la polémica ha hecho que traslade el tema a “los expertos”, concretamente al catedrático de Derecho Tributario de la Universidad de Jaén, Manuel González Sánchez, que presidirá la comisión a la que acaba de dar luz verde el Consejo de Ministros.
El sinsentido crece y se hincha, hasta desembocar en un río que nadie quiere navegar. El PSOE pide la armonización, los socialistas, liderados por Susana Díaz, Andalucía, proponen igualar al alza, así como Cataluña. El pacto Ciudadanos-PP prevé armonizar igualmente, mientras Cristina Cifuentes, PP, a la cabeza de Madrid, asegura que mantendrá su palabra ante los madrileños, y que no sólo dejará los impuestos como están, sino que puede que hasta los baje, luego que, de armonizar, se armonice a la baja. Mientras el comité de expertos, designado por Hacienda, dirigido por el catedrático Manuel Lagares, aconseja la imposición de una tributación mínima en Sucesiones.
Lo cierto, gracias a Dios, es que a la baja o al alza, dependiendo de los intereses de los diferentes partidos en los múltiples territorios, diecisiete, concretamente, más dos ciudades autónomas, todos están de acuerdo en que lo más justo sería armonizar, es decir, que todos fuésemos iguales ante las leyes, es decir, que se cumpla la constitución y uno de los derechos establecidos en el título Primero, “De los Derechos y deberes de los ciudadanos”.
Desde Falange Auténtica creemos que esto no es sólo cierto respecto de este impuesto, hay áreas más urgentes todavía en las que reivindicar la igualdad entre todos los españoles, como son Sanidad, Educación y Dependencia. Y creemos que la forma más sencilla e inteligente de hacerlo es devolver las competencias al Estado.
Entendemos que el sistema tiene que enfrentarse a sus propias contradicciones. Algunos intuimos que la única razón de todo tipo de impuestos injustos, de cargas excesivas y agresivas es la de mantener los 17 mini parlamentos, con sus duplicidades administrativas y perpetuar los privilegios de una clase política, que se ha anegado en nuestra nación extendiendo, además, la corrupción como la pólvora entre reinos de Taifas y virreinatos.
Pedimos que primen los derechos de los españoles frente a intereses de partidos o territorios. Necesitamos hacernos nuevas preguntas frente a nuevos desafíos y no temblar a la hora de cambiar aquellos mecanismos que no sólo no funcionan, además, nos empobrecen y nos impiden continuar creciendo. Los privilegios de la clase política, que necesitan la actual administración del Estado para mantenerse, son una sobrecarga imposible para trabajadores, empresarios, autónomos y profesionales.
Falange Auténtica
