La reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual aprobada por el Consejo de Ministros el día 14 de febrero tiene como punto más conocido la llamada «Tasa Google» por la cual el buscador, a través de su agregador de noticias «Google News», deberá pagar a los editores una compensación por el contenido publicado de estos medios. No queda claro ni cómo, ni cuánto, ni exactamente a quién deberá compensar.
Esta reforma no cuenta con el consenso de los editores ni se ha consultado tampoco a los propios agregadores durante su desarrollo. De hecho Google, a través de su director de alianzas estratégicas para Google Noticias, Luis Collado, ha manifestado que no están dispuestos a pagar ninguna tasa, argumentando que su servicio favorece a los editores implicados, generando más de 6.000 millones de visitas al mes.
Unos de los puntos que más cuesta entender es la imposibilidad de negociación entre los generadores de contenidos y los agregadores, puesto que muchos entenderán que seguir siendo agregados por estos servicios es más beneficio que el cobro de una tasa.
El gobierno, una vez más, está intentando ponerle puertas al campo, bajo el pretexto de la defensa del legítimo derecho de los creadores de contenidos de obtener una retribución por su trabajo e inversión, pero más bien parece que pretende satisfacer a algunos medios de comunicación y lobbies, que recibirán ingresos extraordinarios, que puedan aliviar su delicada situación financiera a cambio, tal vez, de suavizar la linea editorial contra el gobierno en unos tiempos en los que le arrecian las críticas.
Con la aplicación de la reforma los usuarios verán dificultado su derecho al acceso a la información, siendo éste un motivo suficiente para reclamar un replanteamiento de la ley.
Desde FALANGE AUTÉNTICA reclamamos al gobierno que retire la reforma y busque una manera más adecuada de garantizar la justa retribución de los creadores de contenidos, al tiempo que se protege el derecho al acceso de la información de los consumidores, gravando, en caso de ser necesario, de una manera transparente y cuantificable a los agregadores, permitiendo la posibilidad de llevar a acuerdos entre ambas partes.