José Manuel Cansino
Una ojeada a la historia de la Hacienda española evidencia bien a las claras los problemas tradicionales de las cuentas municipales. Una persistente insuficiencia en sus ingresos ha hecho de los ayuntamientos una secular fuente de desequilibrios presupuestarios en los que los consistorios incurrían una y otra vez a sabiendas de que, el gobierno central de turno acababa siempre asumiendo las deudas municipales. Resueltas las cuentas pendientes, el proceso se repetía hasta el nuevo colapso y la nueva indulgencia. No basta, por tanto, con invocar una mayor autonomía municipal. Deben definirse las funciones que les han de ser propias a los ayuntamientos a la par que un sistema de financiación que les permita afrontarlas con la garantía suficiente para prestar servicios de calidad. Esto es lo que hacen la Ley de Bases del Régimen Local y la Ley de Financiación de las Haciendas Locales. He leído muy pocas alternativas a estas leyes, en todo caso, objeciones parciales.
La cuestión no es inmediata. La reforma de la Ley del Suelo, por ejemplo, se ha topado con el problema que la liberalización del mercado supone para las arcas municipales si las corporaciones locales dejan de monopolizar la oferta de suelo edificable (residencial, industrial y terciario).
Desde una perspectiva más amplia, debemos prestar atención a lo que el gobierno ha denominado "segunda descentralización. Sin precisar medios ni calendario, el gobierno pretende restar protagonismo a las Comunidades Autónomas ofreciendo mayores competencias a los ayuntamientos. Se trata de una huida hacia adelante en toda regla. En lugar de reforzar la exigua cohesión nacional acabando con la sangría autonómica, el gobierno toma un atajo hacia lo que puede ser la restauración del tradicional caciquismo nacional; restauración que aguarda expectante la oligarquía política de cada lugar.
En medio de todo esto, los ayuntamientos son testigos de los cambios provocados por el desarrollo económico, el encarecimiento de los precios de la vivienda y el abaratamiento de los costes de transporte.
Con el desarrollo económico centenares de miles de españoles han adquirido una segunda vivienda, por ello comparten sus intereses no sólo con los residentes en su municipio principal sino también con quienes conviven en épocas de descanso, a menudo dos de cada siete días.
El encarecimiento de la vivienda, la reducción del tiempo de desplazamiento y la motorización generalizada de la población hace que el municipio donde trabajamos no coincida con aquel en el que vivimos. Los pueblos del entorno de las grandes urbes son testigos directos de un crecimiento exponencial de su población residente.
Estas son algunas de las cuestiones que afectan los municipios españoles en estos días y en los próximos años. Los falangistas podemos seguir invocando una bucólica autonomía municipal como quien vende humo con sabor rancio a "tercio municipal, o elegir participar de una vanguardia política que ofrezca a nuestra Patria una Administración eficaz de la que forme parte principal el Municipio. La elección tradicional ha sido repetir consignas más o menos acertadas pero sin desarrollo posible a poco que rascáramos. Podemos seguir haciendo lo mismo.
