La anunciada decisión de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de reducir dos mil “liberados” sindicales de los que prestan servicio en la administración autonómica bajo su responsabilidad, no deja de ser una muestra más de la hipocresía a la que los liberales del PP nos tienen acostumbrados.
No pretendemos negar que en momentos como los que vivimos, de dura recesión económica, cualquier ahorro a los ciudadanos que pagan con su esfuerzo todo este tinglado, será bien visto desde nuestra óptica política. Por eso no nos parece mal la reducción de estos liberados de actividad más que dudosa y su sustitución por auténticos enlaces o delegados sindicales que presten su labor sindical de manera desinteresada por el bien de sus compañeros fuera del horario laboral o, en el caso que necesiten para ello la exclusividad, ésta sea pagada por el sindicato de su pertenencia con sus propios fondos, allegados de las cuotas de sus afiliados y simpatizantes.
Lo que nos produce el rechazo a la actitud de Aguirre es que olvidó, en su afán por ahorrar cargas a los contribuyentes madrileños, a otros “beneficiarios” del esfuerzo ajeno, de los cuales ella también es usufructuaria. Y nos referimos a los partidos políticos, que son subvencionados por el Estado con fondos públicos lo que les permite mantener, a costa del esfuerzo fiscal de los españoles, enormes y costosas estructuras burocráticas para competir de forma desigual en los procesos electorales.
Ahora que se ha puesto en el ojo del huracán a los sindicatos y que desde los planteamientos liberales del PP y sus terminales mediáticas se pretende adocenar a éstos, sin reparar en que junto a los sindicatos oficialistas subvencionados por los gobiernos de turno (el PP también lo hizo), hay otras organizaciones sindicales honestas y eficaces a la hora de cumplir con su necesaria labor de evitar los abusos contra los trabajadores, Esperanza Aguirre y sus acólitos en la tarea de frenar el gasto público, ni siquiera plantean que los partidos políticos, las organizaciones empresariales, las ONG y las confesiones religiosas han de financiarse exclusivamente con los fondos que les procuren sus afiliados, asociados o feligreses, sin que esto sea obstáculo para que los proyectos de interés social llevados a cabo por éstas últimas puedan recibir fondos públicos.
Es fácil hacer demagogia contra los sindicatos porque la UGT y CCOO se lo han puesto fácil con su servilismo progubernamental a cambio de prebendas, pero quienes eso hacen, lo que pretenden es acabar con las últimas barreras que frenan los abusos laborales y en nombre de una supuesta competitividad (que sabrán los políticos profesionales vividores que sufrimos en España de competitividad) someter el mercado de trabajo a la ley de la selva.
Frente a esta injusta demagogia, a los falangistas nos van a encontrar donde hemos estado siempre: con los trabajadores y los sindicatos honestos frente a la especulación y la explotación neoliberal.
