Ante la elevadísima abstención registrada en las elecciones europeas de junio, desde Falange Auténtica considerábamos entonces que esta actitud ciudadana reflejaba "un descontento palpable por la manera en que se hacen las cosas en la Unión Europea: instituciones alejadas de la gente, decisiones que se toman sin saber muy bien quién las toma y una cámara parlamentaria que viene a ser algo así como un lujoso cementerio de elefantes para políticos fracasados en lides electorales nacionales. "Los ciudadanos europeos –añadíamos en nuestra valoración- han correspondido en esta ocasión a sus políticos con la misma actitud que mantienen habitualmente ellos. Si los burócratas de Bruselas y Estrasburgo deciden y gestionan de espaldas a los ciudadanos, éstos a su vez les han dado la espalda en el único momento que a ellos les interesa: el de emitir el voto que sirve para garantizarles su privilegiado estatus. Observábamos, sin embargo, como, a pesar de ello, "ninguno de los macropartidos establecidos ha hecho autocrítica seria sobre el proceso de construcción europea ni ha abierto una reflexión rigurosa al respecto. Por el contrario, prácticamente al día siguiente, sin ningún recato, ya estaban otra vez negociando un proyecto de Constitución elaborado al margen de la propia ciudadanía europea.
El transcurso de este medio año no hace sin confirmar nuestro diagnóstico. Absolutamente nadie desde Bruselas consideró que fuese motivo de rectificación, o cuando menos de una mínima reflexión, el que más de un 54 % de los ciudadanos de la UE con derecho a voto decidiera no ejercerlo, o que el porcentaje de abstención alcanzase niveles incluso superiores al 70 % en algunos países –República Checa, Estonia, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia…-. En estos meses, han continuado con su huida hacia delante, elaborando el proyecto Giscard para dotar a la UE de un nuevo tratado, al que han bautizado pretenciosamente como "Constitución.
En nuestro país, el Presidente del Gobierno anunció la convocatoria de un referéndum para que opinemos sobre un tratado que previamente él ya ha ratificado en nuestro nombre. La idea de una consulta popular sería excelente si se albergara realmente el más mínimo interés en conocer cuál es la postura de los españoles ante el contenido de esa pretendida Constitución Europea. Pero se trata de otra de las coloristas y llamativas promesas con las que adornó su campaña electoral un Rodríguez Zapatero que no preveía ganar los comicios y que, sin embargo, ahora se ve en la necesidad de tener que cumplir formalmente.
Decimos formalmente porque el referéndum está vacío de contenido real. Nadie se está molestando en explicarles a los ciudadanos sobre qué tienen que decidir. Los hogares españoles no reciben ninguna información que merezca tal nombre, más allá de una fría y escasa propaganda institucional de bajo perfil, apelando a vaguedades y lugares comunes sobre la integración de España en Europa.
Una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas nos revelaba que el 6450 % de los españoles asegura que tiene un grado de conocimiento "bajo o "muy bajo del tratado, mientras que un sincero 2430 % reconoce que su conocimiento es "nulo. En total, nada menos que el 8880 % de los españoles no conoce aquello sobre lo que va a tener que emitir su voto dentro de aproximadamente un mes y medio.
El abrumador resultado de esta encuesta del C.I.S., ¿ha preocupado a nuestros políticos? ¿han adoptado medidas urgentes para proporcionar, de forma intensiva, ante la inminencia de la consulta, información a los ciudadanos sobre la supuesta Constitución? Evidentemente no. Ninguno de los representantes del Gobierno, ni de la oposición institucionalizada, se ha inmutado ni ha considerado que haya que hacer nada al respecto. La clase política sigue huyendo hacia el 20 de febrero y confiando en que los españoles depositen su voto afirmativo simplemente porque "España forma parte de Europa o porque "los fondos europeos han sido beneficiosos para el desarrollo de nuestro país.
Pero resulta que nada de esto es lo que se vota el 20 de febrero. Ese día no se somete a referéndum nuestra vocación europea. Ni siquiera nuestra integración en la U.E. Se vota simplemente un determinado tratado europeo, que unifica en un solo texto la normativa preexistente, con escasas novedades, entre las cuales, por cierto, una es la disminución del peso político que España tenía en el anterior tratado, firmado en Niza.
En estas próximas semanas y, obviamente, durante la campaña del referéndum, Falange Auténtica divulgará su opinión sobre el contenido de esa Constitución Europea y su postura ante el referéndum. Pero no cabe duda de que un primer aspecto reseñable de todo este proceso es éste que ahora señalamos: el oscurantismo con que la casta política de Bruselas y sus replicantes locales están tratando la cuestión.
La idea de Constitución se alumbró en cenáculos políticos sin impulso ciudadano, sin un poder constituyente elegido democráticamente. Se desarrolló entre componendas, completamente de espaldas a los europeos de a pie. Y ahora el primer país de la U.E. que la somete a referéndum lo hace sin siquiera dar a conocer realmente su contenido a los votantes, y sin manifestar inquietud alguna por el hecho de que la inmensa mayoría de los mismos asegure desconocerla.
¿Qué más les da a los políticos profesionales que los europeos no conozcan su futura Constitución? Al fin y al cabo, el conocimiento es siempre un primer paso para pensar por uno mismo y para decidir en libertad, y eso nunca les ha interesado demasiado. Lo que desean es que mansamente acudamos a las urnas el próximo 20 de febrero (cuántos no les preocupa en exceso, con un 30 ó 40 % de participación parece que se conforman) y, eso sí, que la mayoría de los que se acerquen a los colegios electorales deposite un voto afirmativo, lo más irreflexivo posible, para que su juego continúe.
Falange Auténtica piensa, sin embargo, que un instrumento normativo que pretende tener carácter constitucional, ya que no se ha elaborado en un proceso participativo como hubiera sido deseable, debería al menos ser ampliamente conocido y debatido por la ciudadanía. Creemos que los poderes públicos tienen la elemental responsabilidad de dar a conocer a los ciudadanos aquello sobre lo que van a pronunciarse. En suma, creemos que hay que poner dosis de democracia en una aventura donde hasta ahora sólo ha habido despotismo, apenas ilustrado.
