Por Martín Alhaja
Cientos de toneladas de productos textiles chinos permanecen bloqueadas en las aduanas de la UE al haber desbordado las cuotas de importación establecidas por la Unión.
Mercancías de bajo coste y escasa calidad amenazan con destruir la industria textil de Grecia, Italia, Portugal o España; mientras que los países distribuidores de la UE ven una oportunidad de negocio en la importación de estos productos chinos.
El problema es más complejo de lo que parece a simple vista. No estamos hablando de "dumpping social ocasionado por los bajos costes de producción chinos. Nos encontramos ante un fenómeno claro de deslocalización de la industria productiva, que mantiene sus mercados de consumo en sus países de origen y que busca su mercado de trabajo (a menor coste y con menor carga fiscal) en otras zonas.
Es evidente que en este caso las primeras víctimas de este sistema de deslocalización son los trabajadores chinos y el modo de maquilaje afecta directamente a su dignidad.
Por otro lado, es evidente que la mundialización tiene sus ventajas para los pueblos del Tercer Mundo. Como bien indica el economista Ramón Tamames la fuerza productiva de estas naciones no puede permanecer ociosa mientras las industrias occidentales mantienen una obsolescencia artificiosa. La industrialización de estos países es un paso fundamental para acceder al bienestar y abandonar esquemas de hambre y de miseria endémicas.
Por otro lado, las organizaciones internacionales que regulan el comercio mundial deberían introducir factores de corrección que evitasen que la deslocalización fomente la explotación y se convierta en una nueva forma de neocolonialismo.
Es algo evidente que la producción textil china está en manos de las multinacionales del occidente desarrollado; pero al igual que "exportan sus patrones y sistemas de calidad en la producción debería exigírseles unos mínimos en el modo de producción: salarios, tiempo de trabajo, regulación del trabajo infantil, derechos de sindicación, seguridad social, jubilación, etc., etc.
Mientras los gobiernos atienden tan solo al carácter económico del problema de las exportaciones masivas, los trabajadores y consumidores occidentales debemos exigir la extensión de unos Derechos Universales del Trabajador que impida –como muchos temen, y no sin razón- que la desregulación laboral del Tercer Mundo tenga un efecto boomerang y acabe estableciéndose en aquellos lugares en los que años de luchas sociales consiguieron frenar la cara más feroz del capitalismo.
Conjuntamente hay que abordar el problema de las pequeñas industrias tradicionales que no pueden competir con estos productos de bajo coste ni trasladar sus plantas a otras latitudes. La sociedad debe plantearse si subvencionar a fondo perdido estos negocios –con los costes que implicarían estas medidas-, establecer aranceles o recortes a la importación –minando la competitividad- o crear la marca "made in Spain como un sello de referencia para los consumidores.
Desde luego, la acción de la sociedad civil organizada es un factor con el que las grandes industrias deberían contar. Exigir, por ejemplo, a Inditex multinacional española con marcas como Zara Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka o Stradivarius, con una alta presencia en China, una responsabilidad social que pase por la creación y mantenimiento del empleo en España sería un paso de gigante para atenuar los efectos perversos de la deslocalización.
Demostrar que la democracia política debe ir acompañada de democracia social y democracia económica es uno de los retos que debemos asumir los ciudadanos del Siglo XXI.
