Juan Gabriel Labaké
Remitido desde Argentina. Nos hemos tomado la libertad de incluirlo en esta sección dado su interés y actualidad, ante la situación que están viviendo en nuestra nación hermana
En 1982 México declaró que no podía pagar su deuda externa.
En agosto de 1983, Henry Kissinger y David Rockefeller convocaron a una reunión reservada en la ciudad de Val, Colorado, EEUU, a una docena de primeras figuras de la política y las finanzas mundiales. Entre ellas estuvieron el francés Valery Giscard D’Estaigne (que había concluido poco antes su mandato como presidente de Francia y fue simultáneamente con José Alfredo Martínez de Hoz, secretarios custodios de los intereses de David Rockefeller para Europa y Sudamérica, respectivamente), Gerald Ford (reciente presidente de EEUU) y representantes de los cuatro o cinco mayores bancos multinacionales de EEUU y Europa.
El tema de ese cónclave fue, justamente, la búsqueda de un sistema que les permitiera cobrar la deuda externa de los países del tercer mundo, dado que la cesación de pagos (“default”) de México la hacía de muy dudoso recupero.
La conclusión fue que debían impulsar la privatización de las empresas estatales de los países deudores, para que con su producido se pagara la deuda. Tal propuesta se llamó: “deuda por activos”.
De ahí en más, desde todas las usinas de acción sicológica de EEUU y los bancos, incluidos el FMI, el BM y el BID, se desarrolló una intensa e inteligente campaña de prensa (de acción sicológica) para convencernos de que:
- las empresas del Estado eran las principales culpables del déficit fiscal, por lo que, si deseábamos eliminar ese déficit, debíamos necesariamente privatizarlas;
- más aún, al privatizar las empresas públicas, tendríamos superávit fiscal, con el cual podríamos financiar el crecimiento económico;
- si privatizábamos todo, los nuevos dueños (extranjeros, por supuesto) traerían tecnologías avanzadísimas, que nos aportarían gran confort, eficiencia (competitividad empresaria) y bienestar social;
- nosotros, por naturaleza, éramos malos administradores, y por ello nos convenía entregárselas a los expertos privados extranjeros;
- además, las empresas públicas daban motivo a la corrupción.
De esa forma, apenas asumió Rodolfo Terragno como ministro de Obras y Servicios Públicos en 1987 (mandato del Dr. Alfonsín), propuso privatizar Aerolíneas Argentinas y ENTel. El rechazo de la mayoría de los argentinos y la cerrada oposición del Partido Justicialista, cuya voz cantante fue el senador Eduardo Menem, abortó ese primer intento.
Poco después, asumió Carlos Menem y privatizó todas las empresas estatales abruptamente y sin ningún estudio serio ni previsión de controlarlas. Gracias a la campaña de acción sicológica citada, las privatizaciones de Menem, Dromi, Cavallo, Manzano y María Julia Alsogaray contaron con el beneplácito general, y “la opinión pública” las aplaudió como un gran logro del nuevo gobierno... La misma “opinión pública” que dos años atrás las había rechazado con energía. Tal es el poder de una inteligente campaña publicitaria, cuando cuenta con el apoyo de la gran prensa y de los fondos del Estado para sobornar conciencias en todos los sectores de dirigentes: políticos, empresarios, mediáticos, etc.
Hoy, una campaña similar ha comenzado y con mucha fuerza, para, en algún futuro no tan lejano, hacernos aceptar mansamente el canje de “deuda por territorio”.
El primer paso de esa campaña ya está casi concluido: enormes grupos económicos extranjeros, anglo-norteamericanos en particular, han comprado inmensas superficies de campos, sobre todo en la Patagonia. Conviene recordar que exactamente así comenzó la usurpación del estado mexicano de Texas, por parte de EEUU en la década de 1830. “Inocentes” y numerosos “colonos” anglo-norteamericanos compraron tierras en Texas. Cuando se sintieron fuertes, y con el decisivo y abierto apoyo del Departamento de Estado, armaron una revuelta “popular” que exigió por la fuerza (estaban bien armados) la independencia, primero, y poco después la anexión a EEUU. Esa decisión “democrática” de la “mayoría” de los texanos fue inmediatamente avalada por el Congreso de EEUU y Texas pasó a ser una estrella más de la bandera “americana” en forma totalmente “legítima” y “democrática”. ¿Cuál es el motivo para que, en algún momento, no intenten hacer lo mismo con nosotros, si ahora tienen infinitamente más poder que hace 170 años, y cuentan con la posibilidad concreta y ya verificada de realizar una campaña de acción sicológica de resultados fulmíneos?
El segundo paso está en avanzada vía de ejecución: nos bombardean diariamente con una publicidad machacona, para convencernos de que los argentinos no sabemos gobernarnos y somos un desastre como sociedad.
Esa campaña insidiosa la ha iniciado y la comanda nada menos que el secretario del Tesoro de EEUU, Paul O¹Neill. Una de sus insidias fue: “La culpa es de los argentinos que, en 70 años, no han logrado crear una sola industria fuerte” (haciéndose el distraído, por supuesto, respecto a las brutales e infranqueables trabas que su propio gobierno puso a la industrialización de la Argentina, especialmente entre 1945 y 1955).
Más tarde agregó: “los argentinos constituyen una sociedad organizada”, olvidándose que, en cada disturbio o golpe militar que hemos sufrido en estos 70 años, ha estado siempre la mano de la CIA y/o de las multinacionales de EEUU, o la de Gran Bretaña (en 1930, la Standard Oil de EEUU; en 1955, la Embajada de Gran Bretaña la “Royal Navy”; en 1976, la Escuela Militar de las Américas, del Comando Sur de EEUU, que formó a los golpistas en la doctrina de la contra-revolución, y el “steering comitee” de bancos anglo-norteamericanos presidido por el Citibank, que recomendó a Martínez de Hoz como ministro de Economía; y hoy, todos ellos juntos, más el FMI, el BM, etc., como vimos en el informe del periodista Greg Palast y del Premio Nóbel de Economía y ex jefe de economista del BM, Joe Stiglitz).
A la prédica de O¹Neill, se han sumado las claques de siempre extranjeras y nativas), hasta llegar al colmo dicho por Rudiger Dornbush (EEUU) y Caballero (Chile) hace sólo un mes: “los argentinos necesitan un gerenciamiento externo, pues ellos no saben hacerlo por sí solos”.
Conviene observar y escuchar con atención la prédica de muchos periodistas y medios masivos de comunicación, que permanentemente se suman a esa campaña de disminuir nuestra autoestima como pueblo. “En tal país, hay tal buena costumbre... ¡Ah, pero ése es un país serio, no como el nuestro...!”, suele ser el latiguillo de muchos, muchísimos de ellos. “Éste país (’éste’, como si no fuera nuestro) no tiene remedio”, es otra cantinela.
La tercera etapa consistió (y aún consiste) en proponernos, como al pasar, múltiples métodos para pagar “civilizada y decorosamente” la deuda con territorios:
- Constituir reservas ecológicas.
- Certificados “verdes” o de oxígeno, para “aprovechar” nuestros extensos y ricos bosques.
- Grandes emprendimientos en conjunto con algún banco acreedor o grupo transnacional.
- Cesión de tierras para bases militares y/o científicas de EEUU.
- Privatizar el Banco Nación que tiene hipotecada una gran proporción de las tierras fértiles de nuestro país; si se privatizara el B. Nación, sus nuevos dueños (los bancos acreedores de la deuda externa, con toda seguridad) podrían apoderarse de todas esas tierras, con sólo ejecutar las hipotecas, como ya está haciendo impúnemente el Banco Hipotecario (privatizado) con miles y miles de deudores morosos.
- Y el último y más ingenioso (y por eso mismo, el más peligroso): emitir un nuevo bono estatal, que esté garantizado por un fideicomiso donde irían a parar todas las tierras fiscales; ese bono se entregaría a los acreedores, en canje por la deuda actual; ese mecanismo actúa, en la práctica, como una hipoteca, de modo que, si no pagamos tales bonos nuevos, el acreedor podría ejecutarlos y quedarse con su cuota del fideicomiso, es decir, con su parte de territorio...
La cuarta etapa (que también está ya en funcionamiento) es difundir masivamente la idea de canjear deuda por territorio entre los argentinos. Al respecto, desde Chubut nos han informado que la consultora porteña “JORGE GIACOBE y Asociados” efectuó hace poco una encuesta en esa provincia que, al parecer, se repitió en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Neuquen. Los diarios de la zona habían comentado el tema, pero nadie se animaba a declarar como testigo. La semana pasada, Mónica Cané, de Comodoro Rivadavia, venció sus temores y relató lo sucedido, consignando, incluso, las temas sobre los que se le pidió responder.
Las preguntas más sugestivas fueron:
- Si aceptaría que se entregaran nuestros derechos sobre la Antártica para cancelar toda la deuda externa.
- Si aceptaría el trueque de tierras fiscales nacionales, y aún provinciales, en pago de la deuda.
- Qué imagen tenía de los candidatos presidenciales Mauricio Macri, Ricardo López Murphy y Patricia Bullrich.
Esa encuesta produjo tal revuelo en la Patagonia, que debieron tomar cartas en el asunto las autoridades provinciales. Sin embargo, en el resto del país, y especialmente acá en Buenos Aires, nada se supo. Ningún medio de comunicación, argentino o extranjero, “levantó” la noticia publicada en Comodoro Rivadavia. Es muy sugestivo.
La quinta y última etapa es, quizás, la más grave y alarmante. El presidente Duhalde contrató hace tiempo a un politólogo muy conocido en EEUU, el señor Norman Bailey, como su asesor político personal. Es insólito, pero real. Dicho “experto” acaba de elevar al Dr. Duhalde un memo en el que le recomienda emitir los ya citados bonos garantizados por el fideicomiso de las tierras fiscales, para canjear por los actuales papeles de la deuda externa.
Simultáneamente, también el presidente Duhalde, por decreto Nº 533/2002 (Boletín Oficial del 22-03-02), ha contratado a tres empresas anglo-norteamericanas para que lo asesoren internacionalmente en cuestiones de la deuda externa y para que “preparen e implementen una estrategia... para conseguir financiamiento internacional”. Es decir, tales consultoras de EEUU, de hecho, serán las encargadas de trazar un plan de renegociación de la deuda externa argentina, y de llevarlo a cabo.
Lo peor de todo es que una de esas empresas, la llamada ZEMIC COMMUNICATIONS, es de propiedad de nuestro bien conocido señor Henry Kissinger, y él se ha comprometido “a colaborar” en esa tarea. Kissinger no sólo es el mentor del pago de “deuda con activos”, que tantas calamidades nos ha traído, sino que es uno de los principales (sino el principal) ideólogo del sistema de endeudamiento como instrumento de dominación de nuestros pueblos. A ello, se suma un hecho que roza el terreno delictivo: el señor Kissinger es representante y abogado (al parecer con 10 millones de dólares de honorarios) de la empresa multinacional ERIDAY que construyó Yaciretá y, en su nombre, nos reclama la fortuna de 1.500 millones de dólares por “mayores costos”, cuando nuestros técnicos calculan que, a lo sumo, les debemos 100 millones. Ese pleito está en pleno desarrollo. ¿Cómo es posible que el Dr. Duhalde designe a Kissinger para una función tan delicada, siendo el representante de un acreedor nuestro tan fuerte?
Conviene recordar que Kissinger, además de todos los datos que hemos dado más arriba, está comprobada y criminalmente comprometido en el sangriento golpe de Estado que derrocó al presidente constitucional de Chile, Salvador Allende, en 1973, y que diera lugar al ascenso al poder del dictador Pinochet, correlato chileno del argentino Gral. Jorge Videla.
Al enterarme de tales contrataciones (la de Bailey y la de Kissinger), envié al presidente Duhalde una carta documento, en la que, luego de desarrollar los argumentos antedichos, le expresé:
“Estimo que la gravedad de lo dicho, tanto en el caso de Bailey como en el de Kissinger, reclama una pronta respuesta pública suya, y la inmediata separación de ambos personajes de sus importantes cargos públicos.”
Si el Dr. Duhalde no satisface ese pedido, estoy dispuesto a llevar el asunto a los Tribunales, por la eventual comisión de, al menos, el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. Quienes deseen acompañarme en esa presentación judicial, pueden hacerlo enviándome sus datos y su aceptación, por correo-e, correo postal o fax.
Buenos Aires, 11 de abril de 2002.
