Por Mendelevio.
No voy a convertirme en una comparsa de ABC y de La Razón criticando a PODEMOS. Este artículo no está alineado con los canes del sistema que ladran a todos sus críticos. Voy a criticar al PP por su deriva bolivariana.
En esta última legislatura el PP está gobernando y legislando para perpetuar a la casta en el poder de forma aparentemente democrática. Se están dinamitando desde el gobierno y las Cortes los principios que definen una democracia:
1) Libertades individuales. Se están recortando libertades, como la de manifestación, por la vía administrativa. Se está acosando a los manifestantes por medio de multas con escusas nimias[1]. La libertad de expresión también se quiere recortar persiguiendo a los twitteros por sus comentarios en las redes sociales.
2) Derechos individuales. El derecho a la privacidad de las comunicaciones está siendo violado por la agencia estadounidense CNA con la complicidad de nuestro gobierno. Nos están espiando con la excusa de la seguridad. El derecho a la Justicia nos lo ha robado Gallardón, con unas tasas que impiden a cualquier ciudadano medio recurrir una resolución arbitraria de cualquier administración.
3) Derechos laborales. Se está acabando con derechos fundamentales como el derecho de huelga. De forma recurrente los políticos fijan unos servicios mínimos abusivos, que pueden llegar al 100%, lo que supone de hecho la desaparición de este derecho. Aunque los tribunales dan la razón a los trabajadores[2], el día de la huelga pasó hace meses, con lo que las sentencias no tienen efectos prácticos. Las últimas reformas laborales han laminado el derecho a la negociación colectiva y han consagrado en la práctica el despido libre.
4) Separación de Poderes. La casta ha tenido mucho interés en enterrar a Montesquieu. Llevan décadas repartiéndose el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este Consejo politizado nombra a los miembros del Tribunal Supremo, que casualmente es el tribunal que juzga a los 10.000 políticos aforados. La puntilla que va a rematar la independencia del Poder Judicial la va a dar el nefasto Gallardón. Este personaje quiere que todos los jueces sigan las directrices de los vicarios de los políticos (los miembros de CGPJ). La casta va a conseguir la más absoluta impunidad de la corrupción.
5) Derecho de los ciudadanos a elegir sus gobernantes y a los legisladores. La ley electoral impide a muchos partidos alternativos a la casta poder presentarse a las elecciones, ya que los avales de firmas por circunscripción son en muchos casos una barrera infranqueable. En las comunidades autónomas se juega con la ley electoral para perpetuar a la casta en el poder. Cospedal ha reducido drásticamente el número de diputados autonómicos con la escusa del ahorro. Este argumento es poco convincente ya que los diputados regionales en CLM no cobran suelos, sólo dietas. El reducir el número para que esté relacionado con el ascenso de fuerzas ajenas al bipartito (PPSOE), a las que se quiere impedir el acceso a la cámara.
6) Funcionarios públicos independientes del poder político. Los empleados públicos llevan años padeciendo la injerencia de los políticos. Con la escusa de recortar el gasto público y de racionalizar la administración estamos volviendo a los funcionarios de Pérez Galdós. En el caso de la enseñanza, el control de la elección de los directores de los centros por la administración está dejando en papel mojado la autonomía de los centros educativos contemplada en la Constitución de 1978.
La casta corrupta busca aplastar cualquier disidencia para perpetuarse en el poder, sus tentáculos están estrangulando a toda la sociedad… Y luego tienen la desvergüenza de criticar al chavismo de Venezuela.
