Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Mérida ha acogido la tesis mantenida por Falange Auténtica y ha rechazado la pretensión del PP de que la candidatura falangista no fuera proclamada.
El Partido Popular de Guareña (Badajoz) intentó conseguir por vía judicial lo que en las urnas no logra democráticamente e impugnó las listas de PSOE y FA al Ayuntamiento de esta localidad. El argumento es que no cumplían la Ley de Igualdad y que por ello no podían ser proclamadas.
FA había mantenido ante la Junta Electoral Provincial que, dado que el 40 % de la lista no era un número entero de concejales, podía aplicarse las reglas comunes del redondeo, a falta de mayor concreción en esta novedosa Ley, pero que, en caso de no interpretarse así, el defecto era claramente subsanable y la lista podía modificarse de acuerdo con los artículos 47.2 y 48 de la Ley Electoral, a lo que mostró su expresa disposición, aportando otra candidata.
La JEP admitió la lista tal cual fue presentada inicialmente y desestimó la impugnación de los conservadores, pero el PP pidió al órgano judicial que se anulara la proclamación de las candidaturas impugnadas, sin posibilidad de subsanación.
El juez estimó sólo parcialmente el recurso, considerando que al exigir la Ley de Igualdad un mínimo del 40 %, el redondeo siempre será al alza, porque en caso contrario no se cumpliría ese mínimo. Pero, al mismo tiempo, la sentencia, de acuerdo con la tesis mantenida por FA, determinó que el defecto es subsanable. En consecuencia, se admitió el cambio de un candidato por una candidata y la Junta Electoral Provincial proclamó sin incidencias la candidatura que encabeza Juan Francisco González al Ayuntamiento de Guareña.
El PP, que pretendía ganar las elecciones por el método de quedarse sin rivales, se ve obligado así a competir democráticamente con el resto de candidaturas locales por el apoyo ciudadano. Hay que subrayar en este episodio no sólo las malas artes de los derechistas, sino su incoherencia al intentar utilizar como arma una Ley y un sistema de cuotas que luego dicen rechazar por injusta e inconstitucional.
